Programa Electoral

Conoce nuestro programa electoral

Nuestro programa electoral constituye el contrato firme que establecemos con la ciudadanía. Las líneas centrales de la actuación que desarrollaremos en el Parlamento de Canarias. Sus contenidos son plenamente conseguibles, realizables. Sus propuestas buscan transformar una realidad, la de Canarias, que muestra una economía escasamente diversificada y muy dependiente, con una renta per cápita que progresivamente se aleja de la media estatal. Con demasiados desequilibrios, profundas desigualdades, elevado desempleo, reducidos salarios y pensiones, insuficientes desarrollos de los servicios públicos, déficits en inclusión social, graves dificultades de movilidad y problemas medioambientales, así como elevadas cifras de abandono animal.

Nuestro programa es fruto del análisis de la realidad canaria y de las propuestas que hemos ido elaborando en nuestro trabajo parlamentario, en nuestras iniciativas legislativas, en nuestras alternativas fundamentadas a las conservadoras políticas económicas y sociales del Gobierno. Nuestro programa también se alimenta del debate que hemos mantenido con numerosas personas y colectivos de los más diversos ámbitos, de sus preocupaciones y soluciones.

La política, la buena política, la que tiene como principal meta la transformación de la realidad y, con ello, la permanente mejora de la vida de la gente, no se construye de arriba a abajo, desde las formaciones políticas e instituciones hacia la ciudadanía y sus problemas.

Solo es posible acertar en las propuestas y programas si se es capaz de escuchar y debatir con la sociedad organizada en los más diversos colectivos. Vecinales, sindicales, de protección y bienestar animal, empresariales, juveniles o de solidaridad. Del ámbito de las personas mayores. Del pujante y transformador feminismo. De los distintos sectores de nuestra economía. De los servicios públicos que tanto contribuyen a la equidad.

De los hombres y mujeres que combaten cotidianamente los distintos tipos de discriminación y maltrato que perviven, y que trabajan por una sociedad inclusiva. De las personas y grupos implicados en las trascendentales transformaciones democráticas. De los empeñados en proteger el medio ambiente y a los seres sintientes. O preservar nuestra identidad y tradiciones no cruentas. De los innovadores en los más diversos campos. De los que se vuelcan en la mejora de sus ciudades, pueblos y barrios.

Eso hemos hecho -escuchar, analizar, debatir, recoger aportaciones...- durante un largo proceso que, en distintos lugares del Archipiélago, en variados encuentros, nos ha posibilitado, a lo largo de año y medio, llevar a cabo unas cuarenta actividades participativas, fructíferas y enriquecedoras bajo el común lema de #Canariasconfuturo.

De manera abierta y colectiva, desde distintas miradas, hemos podido analizar en profundidad las realidades económicas y sociales de nuestra tierra y, al tiempo, elaborado las precisas respuestas a sus diferentes problemáticas.

Muchas de esas aportaciones se recogen en este programa electoral para los comicios del 26 de mayo, convencidos de que serán una imprescindible contribución a esa Canarias con futuro que pretendemos construir colectivamente. Una sociedad con mayores niveles de equidad, con más y mejor empleo, más sostenible y con mayor calidad de vida.

A ello se suma nuestra práctica en el Parlamento a lo largo de la legislatura. Nuestras iniciativas dirigidas al empleo, la preservación del territorio y el medio ambiente, la sostenibilidad del modelo económico, la apuesta por un turismo de calidad, la defensa de los servicios públicos, la lucha contra la pobreza, el impulso a las energías renovables o el compromiso por la igualdad y el rechazo al machismo.

Consideramos que estas propuestas programáticas colaborarán al cambio que Canarias precisa tras un ciclo agotado de un partido, CC, que ha sido incapaz de sacar a las Islas del vagón de cola económico y social.

Llegó la hora de una Canarias con futuro. La gente decide. Tú decides.

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La aprobación a principios de noviembre del pasado año de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y del nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF), en su parte económica y social, constituye una buena noticia para nuestra Comunidad y su ciudadanía. Generan mejores perspectivas para el período próximo en los ámbitos político-institucional, económico y social.

Pero solo se convertirán en elementos transformadores de nuestra realidad, superadores de nuestros atrasos y déficits, si se aprovechan esos instrumentos desarrollando buenas políticas, al servicio de la mayoría social, por las instituciones de las Islas y, especialmente, por su Gobierno.

El Estatuto de segunda generación llegó con una década de retraso por la irresponsable retirada de su reforma en 2007 por parte de Coalición Canaria, que sacrificó su actualización y el incremento del autogobierno por sus temores a que pudiera salir adelante una modificación del sistema electoral.

El nuevo Estatuto, aprobado con un amplio nivel de consenso, supone cambios mucho más profundos que los que implicó su primera reforma, en 1996, donde, también con retraso, se nos reconoció como nacionalidad. Incluye, por primera vez, el mar como integrante de la Comunidad Canaria, reconoce a la isla de La Graciosa y elimina los aforamientos, además de posibilitar disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas. Además, la próxima reforma estatutaria deberá ser ratificada por la ciudadanía en referéndum.

Y, después de 37 años, promueve una moderada reforma del sistema electoral canario. Dispondremos a partir de los comicios de mayo de un sistema electoral más justo y equilibrado. Con un diputado más para Fuerteventura y nueve para una lista archipelágica que mejora moderadamente los niveles de proporcionalidad. Además, se rebajan las elevadas barreras electorales hasta ahora existentes, pasando del 30% insular y el 6% autonómico al 15% y el 4%.

Por otra parte, mejora el ámbito competencial y establece una interesante carta de derechos cívicos. Comprometiendo a los poderes públicos en el derecho a la igualdad de trato y “la no discriminación por sexo, género, nacimiento, etnicidad, ideas políticas y religiosas, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, lengua...”, asegurándose que se podrán implementar “acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas”. También se recoge un compromiso explícito por la tolerancia, la paz y la cooperación al desarrollo. Y se reconoce a los animales como seres sintientes, instando a establecer un régimen sancionador que los salvaguarde de actos de crueldad.

El capítulo II, Derechos y deberes, desarrolla elementos que van desde la familia a la situación de los menores y mayores, pasando por las personas en situación de discapacidad y dependencia, la igualdad entre hombres y mujeres, la salud y la educación, el acceso a la vivienda o el ámbito de las relaciones laborales. Con relación a las personas en situación de discapacidad y de dependencia, el Estatuto garantiza su derecho a una vida digna e independiente, el fomento de su desarrollo personal y social, la supresión de barreras físicas y legales y la calidad de los servicios y prestaciones especializadas. Incluye, asimismo, referencias al uso de la lengua de signos.

Recoge, asimismo, el reconocimiento a una renta de ciudadanía, una renta de ingresos mínimos para las unidades familiares, que venimos reclamando desde hace años, con la que hacer frente a las situaciones de pobreza y exclusión social en una de las comunidades con mayores desigualdades sociales, con menor nivel de equidad.

Un Estatuto que blinda la separación de los recursos procedentes del REF de los de la financiación autonómica, circunstancia que ya logramos establecer con carácter indefinido en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, en la Disposición Final 19, y que fue clave, junto a otros elementos determinantes para el bienestar de los hombres y mujeres de Canarias, para nuestro apoyo a esas cuentas públicas; y cuya implementación ha supuesto un notable incremento, más de 600 millones de euros adicionales en este 2019, para los servicios públicos del Archipiélago.

Otro tanto sucede con el nuevo REF económico, que fortalece nuestros derechos y fueros. Reincide en la separación de sus recursos de los de la financiación autonómica. Blinda las bonificaciones aéreas al 75% de los billetes aéreos y marítimos, tanto interinsulares como los que corresponden a traslados Canarias-resto del Estado, así como el 100% de bonificación en transporte de mercancías, medidas que logró instaurar Nueva Canarias en la negociación de las cuentas públicas estatales de 2017 y 2018.

Y reconoce, igualmente, ayudas a Canarias en los Presupuestos estatales destinadas a combatir la pobreza y la exclusión social, y que permanecerán efectivas mientras nuestra Comunidad se encuentre por encima de la media estatal en estos parámetros.

El nuevo REF supone, igualmente, un amplio apoyo a nuestro sector primario, así como importantes medidas destinadas al sector audiovisual, al sector energético y al resto de las actividades industriales.
Otras novedades del REF afectan a las mejoras en la gestión, reciclaje y descontaminación de los residuos, a facilitar el traslado fuera de Canarias de “bienes culturales”, al fomento de la renovación y formación turística, a la promoción comercial de Canarias o al papel de las universidades, con ayudas destinadas a la movilidad del alumnado.

Manteniéndose, asimismo, los beneficios del REF vigente relativos al extracoste de la generación eléctrica en Canarias, las ayudas al transporte terrestre regular de viajeros, la financiación estatal de una Plan de Empleo específico para las Islas o la figura de los convenios como forma de gestión de las inversiones en infraestructuras previstas en los artículos 95 y 96 de la Ley 20/1991 de modificación de los aspectos fiscales del REF.

Un REF, en definitiva, que incorpora el reconocimiento de la condición de Región Ultraperiférica y sus principios y compromisos para impulsar la igualdad de oportunidades de los territorios alejados e insulares. Que desvincula el REF de la financiación autonómica. Que contribuirá a la cohesión social y territorial del Archipiélago. Que revoluciona la movilidad de personas y mercancías. Que ayuda a los sectores productivos para que compitan en mejores condiciones. Que incluye recursos para combatir la pobreza. Que apuesta por las renovables. Que no resuelve todos los problemas, pero genera mejores condiciones para encausarlos. Un texto al que hemos contribuido y que apoyamos por su trascendencia para esta tierra, sus empresas, sus administraciones y su gente.

Con la aprobación de los reformados Estatuto de Autonomía y REF, Canarias dispone de más capacidad de autogobierno, más calidad democrática, más derechos y oportunidades, mayor igualdad con los ciudadanos y ciudadanas del resto del Estado, mejores condiciones para la actividad de nuestras empresas.

Estamos hoy en circunstancias mucho más favorables para acabar con los abismos socioeconómicos y con el retraso de nuestros servicios públicos. Aprovechando el nuevo marco para desarrollar políticas que apunten en su superación. Para lograr una Canarias con mayor equidad, más equilibrada, sostenible y con futuro.

Por otra parte, Nueva Canarias considera que, en el marco de una posible reforma constitucional, uno de los temas a abordar es el asunto territorial y el desarrollo del estado autonómico. Insistiendo en que Canarias debe aspirar a un modelo federal asimétrico en el que desarrollar al máximo nuestro autogobierno y capacidad de decisión.

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EMPLEO

Los principales problemas de la sociedad canaria son el desempleo y los altos niveles de pobreza que padecen las Islas. Por tanto, el esfuerzo principal en la próxima legislatura debe ir encaminado a resolverlos.

Las políticas de austeridad practicadas desde las administraciones públicas como receta conservadora frente a la crisis iniciada en el año 2008 ha generado un gran sufrimiento en la sociedad, un enorme volumen de paro, se ha reducido la financiación de los servicios públicos deteriorando gravemente las prestaciones a la ciudadanía y se ha incrementado la desigualdad, generando un aumento de las personas pobres o en riesgo de padecerla.

Desde el año 2014 la economía canaria y la española vuelven a tener crecimientos positivos medidos en término de variación del PIB. Este crecimiento se desacelera a partir del año 2016 (donde se registra un máximo incremento del PIB del 3%), reduciéndose en 2017 y en 2018 (la primera estimación del INE apunta un crecimiento del 2,4%) y la previsión para el año 2019 que hacen los propios Presupuestos canarios es aún menor, del 1,9%, aunque otras estimaciones como las de la CEOE de Tenerife la reducen al 1,2%.

Hay que destacar que desde el año 2014, donde se vuelve a tener variaciones positivas del PIB, el crecimiento de la economía canaria es inferior a la que experimenta el conjunto del Estado.

Esto supone que la divergencia en riqueza (medida en PIB per cápita) respecto a la media del Estado se agranda. Si en el año 2000 el PIB per cápita canario suponía el 97,7% del Estado, en 2018, último año cerrado, supone el 81,3%.

Y la previsión, para 2019 y 2020, es que seguirá ampliándose. La razón no sólo es que el incremento de la población es mayor en Canarias que en el Estado (el denominador del indicador) sino que también se diverge en crecimiento del PIB real, pues cada año Canarias crece menos que lo que lo hace el Estado (el numerador).

Esta situación nos pone ante el espejo de las dificultades estructurales que tiene la economía canaria para converger en riqueza con la media del Estado, a pesar de los extraordinarios datos de crecimiento turístico que hemos tenido en los últimos 4 años.

Además, se está demostrando una gran dificultad para la reducción significativa de la tasa de paro a pesar del crecimiento del PIB. No podemos olvidar que, a pesar de que a lo largo del año 2018 se estaba creando empleo (incluso superando los datos de ocupación de antes de la crisis), la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de este año 2019 refleja una caída de 20.900 ocupados respecto al trimestre anterior, contabilizándose 892.500 personas con empleo. Y aunque en datos interanuales (respecto al primer trimestre de 2018) hay un incremento de 13.000 ocupados, una variación del 1,48%, es bastante inferior al 3,16% de aumento de los ocupados en España.

Peor son los indicadores de paro que recoge la EPA del primer trimestre: aumenta la tasa de paro al 21% (estaba en el 20%), con 237.700 parados, ampliándose a 6,3 puntos la diferencia con la media española (14,7%). Los datos de los últimos cuatro trimestres reflejan una tendencia al incremento del paro.

Hay que llamar la atención sobre otro aspecto del desempleo que tiene consecuencias socioeconómicas muy negativas. En esta última EPA del primer trimestre de 2019 se recogen 111.400 parados de larga duración, lo que supone el 46,8% del total (1,6 puntos por encima de la media del Estado). Con lo que ello significa de, por un lado, pérdida de las ayudas por desempleo y, por otro, incremento de la dificultad para volver al mercado laboral, especialmente los mayores de 45 años.

También se incrementa a 81.360 los hogares canarios con todos sus miembros en paro, un 12,4% (ensanchando a 4,3 puntos la diferencia con la media del Estado). Esto supone 3.560 hogares más que el trimestre anterior. Además, en el pasado mes de febrero había 101.438 parados registrados que no recibían ninguna prestación, un 48,4% (6 puntos más que la media del Estado).

Asimismo, hay que pensar en la situación en que se encuentran los empleados en Canarias. Según la EPA del primer trimestre de este año, el 30,9% de todos los asalariados existentes tienen un contrato temporal. Estamos hablando de nada menos que 236.200 asalariados canarios con temporalidad.

Por otro lado, en el Archipiélago existen 126.054 trabajadores autónomos (dato de marzo de 2019) que suponen el 15,6% de todos los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Canarias. Los trabajadores autónomos se enfrentan a específicos problemas en su vida laboral: la incertidumbre de sus ingresos mensuales; la ausencia de derecho al paro; la elevada cotización mensual que deben pagar a la Seguridad Social aunque sus ingresos ese mes hayan sido escasos o nulos, etc.

Y, además, el salario medio anual en Canarias es de los más bajos del Estado (por detrás sólo está Extremadura), con 19.475 euros en el año 2016 (último dato), suponiendo el 85,2% del salario medio del Estado (Encuesta Anual de Estructura Salarial 2016. INE)

La evolución de estos datos de paro y empleo explican también el incremento de la pobreza en Canarias en los últimos años. En el 8o Informe sobre el estado de la pobreza en España, la tasa AROPE sitúa a Canarias con el 40,2% en el año 2017, como la segunda comunidad con el indicador más alto, cuando a nivel del Estado es sólo del 26,6% (8o Informe Estado de la Pobreza). La tasa de riesgo de pobreza que mide el INE es del 30,5% de la población canaria en 2017, siendo del 21,6% en España. Y la pobreza severa (Privación Material Severa) es del 13,6% en Canarias cuando en el Estado es del 5,1% (Encuesta de Condiciones de Vida 2017.INE)

Estos datos aconsejan, como defendemos desde Nueva Canarias, la necesidad de poner en marcha instrumentos específicos y recursos públicos para luchar contra la pobreza y la exclusión, como la renta de ciudadanía que proponemos, así como favorecer la creación de empleo.

Combatir el desempleo requiere la responsabilidad conjunta de todas las administraciones públicas, no sólo de la autonómica. Hace falta implicar al Gobierno de España pues una parte importante de los cambios necesarios son de su competencia, así como es su obligación cumplir con los preceptos establecidos en el nuevo REF, en vigor desde noviembre de 2018, para favorecer la dinamización económica y financiar parte de las políticas de empleo. También es necesario coordinar los esfuerzos con cabildos y ayuntamientos, tanto en relación con los Planes de Empleo Social como en buscar sinergias en las inversiones públicas de todas las administraciones para que el impacto sobre la creación de empleo sea mayor.

En este sentido proponemos las siguientes medidas para favorecer la actividad económica y crear empleo:

a) Medidas relacionadas con las competencias y las obligaciones del Estado:

  • Reforma del Estatuto de los Trabajadores, modificando las reformas laborales realizadas en la última década. Se trata de volver a situar a las y los trabajadores en una mejor posición para negociar sus condiciones laborales, retomando la importancia de los convenios y la negociación colectiva y acabando con los contratos temporales como norma y con la precariedad.
  • Medidas concretas para los autónomos:
    • Ampliación a dos años de la tarifa plana bonificada de su cotización a la Seguridad Social para aquellas personas que inician su actividad como autónomo. A nivel de Estado la tarifa plana es por un año y en Canarias en los Presupuestos canarios para 2019 se incluyó la ampliación de esta tarifa plana a dos años, abonando la CAC a la Tesorería de la SS la diferencia del segundo año. NC propone que se implante a nivel de todo el Estado los dos años de bonificación.
    • Modificación de la cotización de la Seguridad Social de las y los autónomos vinculándola a los ingresos percibidos, de forma que haya un mínimo de cotización para los periodos en que la actividad desarrollada no logre los ingresos suficientes.
    • Generalización del derecho al desempleo de las y los autónomos, con la correspondiente modificación de sus cotizaciones. En la actualidad, quien quiera tener derecho al paro debe cotizar por este concepto y debe llevar un año haciéndolo para poder disfrutarlo.
  • Cumplimiento con los preceptos establecidos en el REF. Por citar algunos de ellos:
    • La financiación suficiente del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), tanto en su vertiente de políticas activas de empleo como en el de infraestructuras educativas.
    • Cumplimiento con los artículos 95 y 96 de la Ley 20/1991 del REF de que la inversión estatal en Canarias sea al menos igual que la media de la inversión regionalizada. Donde se incluyen los Convenios de Carreteras, el de Obras Hidráulicas, etc.
    • Financiación de un Plan de Inversiones en Infraestructuras turísticas (artículo 19 de Ley 19/1994).
    • Cumplimiento con el REF agrario. En concreto, las medidas contenidas en el artículo 24 de Ley 19/1994 (financiación del POSEI Adicional completo, subvención específica de los Seguros agrarios, etcétera) y en el artículo 14 bis para ayudas al agua de riego.
    • Cumplimiento con abonar el 100% de las ayudas al transporte de mercancías entre las islas y con el resto del Estado. Fijación de un coste tipo para estas ayudas objetivo y transparente que responda a la realidad de los precios que cobran las navieras de Canarias.
    • Consignación anual en los PGE para garantizar el acceso a toda la ciudadanía a los servicios de banda ancha, financiando el sobrecoste que afrontan los operadores para desplegarlos (artículo 10.3 de Ley 19/1994).

b) Medidas relacionadas con las competencias de la Comunidad Autónoma:

  • Aprovechar todas las posibilidades que ofrecen las modificaciones del REF para crear empleo y dinamizar la actividad económica (deducción fiscal un 30% superior a la estatal para contratar empleo indefinido; incentivos para atraer producciones cinematográficas y audiovisuales; cambios en la ZEC; en la RIC; en los incentivos regionales, entre otros).
  • Liderar desde el Gobierno espacios para la concertación social en nuestras Islas que posibiliten una mejora de la situación laboral de sus trabajadores y trabajadoras.
  • Diseño y desarrollo de una Estrategia Canaria de Activación del Empleo 2019-2023, con participación de patronales y sindicatos, así como otros actores que se consideren relevantes.
  • Plan anual de lucha contra el empleo sumergido, en colaboración con sindicatos y empresarios, y en coordinación con la Inspección de Trabajo dependiente del Gobierno del Estado. Plan específico para erradicar la utilización por determinadas empresas de la figura de los falsos autónomos.
  • Mejora del Plan de Empleo Social en colaboración con cabildos y ayuntamientos, prestando especial atención a las unidades de convivencia con todos sus miembros en paro.
  • Diseño de planes de actuación específicos para aquellos colectivos que más están sufriendo los efectos de la crisis y que presentan especiales dificultades de inserción laboral: jóvenes, mujeres, desempleados de larga duración, mayores de 45 años y personas con discapacidad.
  • Evaluación de las políticas activas de empleo para valorar su eficacia e impulsar aquellas que demuestren mayor eficacia en la inserción laboral.
  • Fomentar y respaldar la implantación de itinerarios formativos para la inserción laboral dirigidos a colectivos vulnerables: transexuales, mujeres rurales, jóvenes, víctimas de violencia de género, mujeres con discapacidad, mujeres solas con cargas familiares, víctimas de trata, mujeres migrantes.
  • Control y seguimiento desde la Administración, en colaboración con los sindicatos y sus representantes, de las condiciones de trabajo de las camareras de piso (“kellys”) y otros colectivos que desarrollan trabajos penosos.
  • Desarrollar acciones e incentivos dirigidos al tejido empresarial para impulsar la mejora del empleo y combatir la precariedad laboral de las mujeres en Canarias en sus diversas manifestaciones: empleo temporal, contratación a tiempo parcial, brecha salarial, segregación ocupacional, techo de cristal...
  • Incrementar los efectivos en los servicios públicos para cubrir las reducciones de personal realizadas durante la crisis y para ampliar la plantilla que sea necesario para una mejor prestación de los servicios a la ciudadanía.
  • Incrementar y orientar la inversión pública preferentemente hacia objetivos de lucha contra el cambio climático (fomento de energías renovables, depuración de aguas, reciclaje de residuos, movilidad sostenible...) y a la renovación de las ciudades turísticas.
  • Mayor esfuerzo presupuestario en Investigación, Desarrollo e Innovación (+D+i). Apoyo y acompañamiento al incremento de la inversión privada de las empresas en I+D+i para mejorar su aportación al gasto total en este ámbito, hoy mayoritariamente público.
  • Apoyo a los sectores económicos tradicionales (primario, industrial, turístico o comercial) e impulso de nuevas actividades para diversificar nuestra economía (producción audiovisual, economía azul, economía digital, actividades de reciclaje y reutilización...), así como áreas de empleo asociadas al cuidado de las personas.
  • Fomento de la emprendeduría para contribuir a la generación de puestos de trabajo. Para ello, se propiciará la apertura de canales de crédito oficial para financiar proyectos de emprendedores, se prestará asesoramiento a aquellas personas que decidan acometer un proyecto de desarrollo empresarial y se fomentará la cultura de la innovación. Integraremos la perspectiva de género en las iniciativas de empleo y emprendeduría que se impulsen desde las administraciones.

SECTORES ECONÓMICOS

Turismo

El turismo se consolida en todo el mundo como una actividad con un gran potencial de crecimiento. En el período más reciente ayudado por los vuelos de bajo coste, el incremento de la demanda en los países emergentes, tanto en Asia como en América Latina, y la extensión de las plataformas digitales de alojamiento.

En Canarias el turismo es la actividad económica más importante aportando el 35,2% del total del PIB en 2017 y generando el 40,3% del empleo. Este sector seguirá siendo el principal motor de la economía canaria y por eso es fundamental cuidarlo y orientar su desarrollo.

A partir del año 2012 la llegada de turistas vuelve a crecer de forma ininterrumpida e intensa hasta el año 2018, donde por vez primera hay una pequeña caída del 2,6%, debido a la recuperación de los destinos competidores del Mediterráneo. A pesar de esta leve reducción en las llegadas, el gasto turístico total sigue teniendo un crecimiento del 2% en el 2018.

El Gobierno saliente le ha prestado al sector turístico escasa atención tanto en el ámbito de su ordenación como del esfuerzo presupuestario. Al igual que en otros tantos asuntos, al acercarse las nuevas elecciones, anuncia que está elaborando el Plan Estratégico de Canarias para el Turismo 2018-2025. A falta de ofrecer resultados de su gestión en este sector, se vuelven a brindar promesas.

Desde principios del año 2000 se hizo una reflexión en Canarias sobre la necesidad de reorientar el turismo hacia parámetros sostenibles y se aprobaron las Directrices de Ordenación del Turismo en abril de 2003. La conclusión era que un destino maduro como Canarias, con más de 50 años de historia y con cerca de 16 millones de turistas, debe preocuparse más por la calidad que por el crecimiento y más por la renovación de los alojamientos y núcleos existentes que por producir masivamente nueva planta turística.

De hecho, la vigente Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias, en su artículo 3.a), establece como finalidad de la Ley “ordenar y modular, dentro de parámetros sostenibles, el crecimiento de la oferta turística vinculándolo a la mejora de la calidad de la planta disponible y a la implantación de nuevos equipamientos complementarios”.

Y la Disposición Transitoria Primera de esta Ley, referida a la “modulación del crecimiento” señala que el Gobierno cada tres años “evaluará la aplicación de la misma” y remitirá al Parlamento un Informe de la aplicación de la Ley que “podrá incluir la modificación de los incentivos a la renovación y los límites al otorgamiento de las autorizaciones previas para la construcción de nuevas plazas de alojamientos previstos en esta Ley”.

El Gobierno de CC ha abandonado las tareas de adaptar la legislación turística, incumpliendo incluso la presentación de los Informes de evaluación ante el Parlamento. En esta legislatura no se ha aprobado ninguna modificación importante de la normativa existente. Hasta el punto de que en cuatro años ha sido incapaz de adaptar el Decreto 113/2015 que regula la vivienda vacacional, a pesar de la polémica que ha suscitado esta nueva actividad económica.

También ha abandonado el impulso de la renovación turística. Los incentivos legales para apoyar la renovación privada no están funcionando pero el Gobierno nada hace frente al ello. Tampoco funcionan los PMM (Planes de Mejora y Modernización) aprobados. Y tampoco hay un esfuerzo presupuestario para la rehabilitación de los espacios públicos y de las infraestructuras en los núcleos turísticos. En el ejercicio de 2018 sólo se presupuestaron 37,2 millones para la rehabilitación turística, pero peor aún sólo se ejecutó el 51,3% (19,1 millones) de esta cantidad. En los Presupuestos canarios de 2019 se devuelven 7 millones al Estado por partidas transferidas para esta finalidad que no fueron ejecutadas en los años anteriores.

Nueva Canarias es partidaria de ordenar y regular el sector, incluyendo modular el crecimiento de nuevas plazas alojativas. Creemos que es necesario hacer “buena regulación” por dos razones que ponen en primer plano la defensa del interés general. En primer lugar, por razones medioambientales: el impacto territorial, de consumo de recursos, de generación de residuos, etcétera, que producen 16 millones de visitantes al año, como tuvimos en 2017, y el conjunto de infraestructuras públicas y privadas que ello conlleva, aconsejan que esta actividad esté bien ordenada y regulada en unas islas con suelo escaso y limitados recursos.

En segundo lugar, por razones de sostenibilidad de nuestro modelo turístico. Como ya hemos dicho el turismo es la actividad más importante de nuestra economía. No podemos permitir que la avaricia de unos pocos, en la búsqueda de sus beneficios privados a corto plazo, destruya nuestro motor económico.

Por tanto, creemos que hay que moderar el crecimiento de nueva planta alojativa para orientar las inversiones empresariales del sector hacia la renovación.

Proponemos las siguientes medidas:

  • Implantación de la ecotasa turística. Para apostar decididamente por la renovación de las infraestructuras y la modernización de los núcleos turísticos hacen falta recursos públicos. La vigente Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias recoge en su artículo 14 que “el Gobierno de Canarias, en colaboración, en su caso, con los cabildos insulares y los ayuntamientos afectados, elaborará un programa plurianual de inversiones públicas en las áreas turísticas a renovar”. El escaso presupuesto que el Gobierno saliente ha dedicado a esta tarea en la legislatura es irrelevante y su ejecución patética. La ecotasa nos permitirá disponer de más de 100 millones de euros para esta finalidad. Las características de este impuesto, que pagarán nuestros visitantes, están explicadas en el apartado dedicado a la fiscalidad de este Programa Electoral.
  • Puesta en marcha de un Plan Integral de Renovación y Calidad Turístico. Un Plan de inversiones públicas en rehabilitación y modernización de infraestructuras en las áreas turísticas con el objetivo de alcanzar el nivel de calidad necesario y mantener la rentabilidad social del sector turístico en Canarias, así como atender de forma efectiva el incremento en la demanda de los servicios públicos e infraestructuras que se genera en dichas áreas. Este Plan obviamente estará insularizado y será financiado por los rendimientos anuales de la ecotasa turística, tanto la parte que le corresponde a la CAC como a cabildos y ayuntamientos, y por la dotación anual de los Presupuestos Generales del Estado para el “plan de inversiones públicas en infraestructuras en las áreas turísticas”, que será gestionado por la CAC, tal como establece el artículo 19.2 de la nueva Ley 19/1994 del nuevo REF.
  • Elaboración del Informe de evaluación de la aplicación de la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística, modificada por la Ley 9/2015, con la participación de los empresarios, sindicatos y otros actores relevantes del sector. A la luz de este diagnóstico, adoptar las modificaciones legales oportunas sobre la regulación sectorial de la actividad, la modulación del crecimiento y la adaptación de los incentivos existente para fomentar la renovación privada de los establecimientos alojativos, comerciales y de ocio.
  • Vivienda Vacacional (VV). Se trata de un fenómeno nuevo que ha venido para quedarse, que al igual que el resto de la oferta turística alojativa en cualquiera de sus modos, requiere estar regulada, a fin de garantizar la excelencia de la oferta en un sector que constituye más del 36% del PIB. Un fenómeno complejo que requiere de un amplio debate y consenso, entre las administraciones públicas competentes, las organizaciones representantes de los propietarios de inmuebles destinados a tal fin y la ciudadanía en general, a fin de compatibilizar los intereses y derechos de todas las partes y favorecer la actividad económica, y con ello el empleo. Pero además, por sus especiales características, requiere garantizar su conciliación con la vivienda residencial, a fin de no colisionar con los derechos básicos de los residentes. Asimismo, y dada la distorsión que esta nueva oferta alojativa ha generado en el mercado inmobiliario en alquiler en determinadas zonas de las islas, que dificulta que muchas familias puedan acceder o a seguir disfrutando de una vivienda en arrendamiento a un precio asequible, es urgente y necesario que las administraciones públicas diseñen estrategias de política de vivienda, destinadas a paliar tales efectos nocivos, garantizando el derecho fundamental de todo ciudadano a acceder a una vivienda digna.
  • Garantizar la excelencia de la oferta alojativa turística. A los efectos garantizar la excelencia de la oferta y su sostenibilidad, así como impedir la competencia desleal, es preciso disponer de un cuerpo de inspección con cualificación y dimensión suficiente y adecuada a la oferta alojativa turística existente, que vele por el cumplimiento del marco normativo aplicable al sector.
  • Impulso de la conectividad aérea del Archipiélago con el resto del mundo. Se debe continuar con la prospección de nuevas oportunidades de conectividad aérea de Canarias con nuevos mercados emergentes, realizando convocatoria de incentivos para nuevas conexiones entre las Islas y distintos mercados de origen a través del Fondo de Desarrollo de Vuelos, prorrogado hasta 2024 por la Unión Europea. Además, defendemos negociar una reducción significativa de las tasas aeroportuarias. Tal como señala el artículo 4.4 de la Ley 19/1994 del REF “para lograr la competitividad de los puertos y aeropuertos con respecto de otros que por su cercanía geográfica puedan resultar de uso alternativo, en Canarias se establecerán reducciones o bonificaciones sobre las tasas portuarias y aeroportuarias respecto a las vigentes a nivel nacional”. Es preciso indicar que la política tarifaria de nuestros aeropuertos debe estar orientada al objetivo de facilitar la conectividad de sus habitantes y la llegada de turistas y no a los planes globales de la política aeroportuaria de AENA de desarrollar otras instalaciones aeroportuarias en el resto del Estado. Hay que recordar que en su conjunto los aeropuertos canarios dan beneficios a AENA. Las tasas pueden representar una fracción determinante de los costes de una compañía aérea y tener un peso enorme a la hora de tomar la decisión de operar o no con un aeropuerto.
  • Promoveremos una estrategia de Promoción Inteligente, que sitúe a Canarias en el contexto internacional como un destino de referencia, optimizando los recursos públicos en este campo y coordinando la acción con las corporaciones locales y la iniciativa privada. Este es, por otro lado, el primer objetivo- “liderazgo inteligente del turismo”- que recoge la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de Canarias, aprobada en el año 2014. Debemos dar un salto cualitativo tecnológico para convertirnos en un destino turístico inteligente. Las tecnologías de la información y la comunicación, así como la ingeniería de grandes datos, aportarán sistemas de predicción, redes colaborativas, toma de decisiones más sólidas, herramientas de seguimiento y gestión, así como promoción y comercialización. El turismo digital nos obliga a interactuar con nuestros turistas, así como a conocerlos mejor para adaptar nuestra oferta a sus expectativas. Esto nos permitirá fomentar la diferenciación o segmentación de la oferta que la permita adecuar a los requerimientos de la demanda. Buscando atraer a un perfil de turista que conlleve un mayor gasto y una estancia más larga en el destino. Se apoyará a cabildos y ayuntamientos para transformar el concepto tradicional de las oficinas de turismo al nuevo entorno donde el Internet de las Cosas y las redes sociales son imprescindibles. Se diseñarán espacios abiertos donde, junto al asesoramiento personal, las personas viajeras tengan a su disposición las nuevas tecnologías y contenidos audiovisuales.
  • Impulsaremos un Plan de Formación específico orientado al sector turístico, en colaboración con empresarios y sindicatos, adecuando la oferta y favoreciendo los ciclos específicos de formación profesional y los estudios universitarios. Se intensificarán planes especiales de enseñanza-aprendizaje de idiomas. Pese a nuestro elevado desempleo seguimos importando mano de obra en este sector por no encontrar a menudo el personal con la cualificación solicitada.
  • Induciremos mejoras en el empleo en el sector, atendiendo específicamente a la problemática de ritmos de trabajo y salud laboral de las camareras de piso (las “kellys”). Desde el departamento competente, en colaboración con los sindicatos, se impulsarán inspecciones para perseguir los incumplimientos de la legislación laboral y de los convenios. Integraremos en los programas de intervención en el ámbito del turismo propuestas de mejoras que fomenten en las empresas la igualdad laboral entre hombres y mujeres en el sector, así como líneas de trabajo de prevención y sensibilización frente a la violencia sexual y al acoso sexual y por razón del sexo, la orientación sexual e identidad de género en el ocio.
  • Desarrollaremos instrumentos de apoyo y financiación para favorecer la adopción de medidas de ahorro y eficiencia energética y de máxima penetración de energías renovables (especialmente la fotovoltaica) en el conjunto de los establecimientos del sector.
  • Potenciaremos la coordinación del sector con el resto de actividades de la economía canaria, especialmente la agricultura y la industria agroalimentaria. Desde el departamento competente se articularán medidas para establecer acuerdos de colaboración sostenibles en el tiempo que permitan que los establecimientos turísticos adquieran alimentos frescos o transformados producidos en las Islas.

Sector primario

Queremos y debemos seguir apostando por un sector primario dinámico y avanzado. Que nos ofrece sus productos de cercanía y calidad, los del país, y que constituye, asimismo, un elemento esencial en la preservación del paisaje y de las tradiciones canarias. Es preciso incrementar el peso del sector primario en nuestro modelo económico, medido sobre todo en la mejora de nuestro nivel de autoabastecimiento de productos alimenticios y en la producción de calidad y ecológica.

Para ello, la política agraria debe centrar sus objetivos en promover la producción agrícola local, apoyar a los sectores exportadores tradicionales de nuestra agricultura (plátano, tomates y flores) y fomentar la venta de otros productos agrícolas fuera de Canarias, como el vino, aguacates, frutas tropicales, etc.

Esto pasa por hacer atractivo al sector como lugar en la que desarrollar una actividad profesional rentable y con expectativas. Evitando la pérdida de activos agrarios que se ha venido haciendo en los últimos 20 años y estimulando la incorporación de jóvenes al campo, facilitando el relevo generacional.

Nueva Canarias está firmemente comprometida con el sector agropecuario. Y lo hemos demostrado. En las negociaciones habidas entre el Gobierno de España y Nueva Canarias para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 y de 2018, así como para aprobar la nueva Ley de los aspectos económicos del REF, aprovechando lo decisivo del voto 176 del diputado Pedro Quevedo, NC introdujo importantes medidas beneficiosas para la actividad agropecuaria en las Islas que resumimos a continuación.

  • Que el Estado abone el 100% del POSEI Adicional (artículo 24.2 REF) que en los presupuestos de 2018 supusieron 15 millones de euros.
  • Que financie el 100% de coste efectivo del transporte de mercancías agrícolas entre islas y con el resto de España (artículo 7 del REF) y su efecto retroactivo al 1 de enero de 2016.
  • Incorporar, con carácter indefinido, el plátano al régimen de compensaciones al transporte de mercancías y con 10 millones para este fin en los PGE de 2018.
  • Incorporación de una nueva política del Estado para subvencionar el agua para riego agrícola, tanto de pozos, galería y desalación (artículo 14 bis REF), que en los Presupuestos 2018 tiene una dotación de 8 millones de euros.
  • También haber logrado en el año 2017 que el Gobierno central apoyara incrementar de 11.000 a 15.000 euros la ayuda por hectárea al tomate en el marco del nuevo Plan del tomate de exportación.
  • Abaratar un 65% la contratación de los seguros agrarios para Canarias (artículo 24.3 de la nueva Ley REF).
  • Incluir una ayuda estatal anual para el apoyo a la biodiversidad agraria en Canarias (artículo 24.4 de Ley 19/1994 del REF).

Ahora tocar exigir que el nuevo Gobierno español cumpla estos compromisos introducidos en nuestro REF. Y eso NC lo va exigir de forma insobornable esté en el Gobierno canario o esté en la oposición. Ciertamente el primer Gobierno de Pedro Sánchez, en sus diez meses, no estuvo a la altura en el cumplimiento de esos compromisos, y ha tenido que ser obligado por las organizaciones agrarias a abonar algunas de esas obligaciones como los 8 millones de agua para riego agrícola.

Junto a ello vamos a defender las siguientes propuestas:

  • Mantenimiento del presupuesto actual del Programa Comunitario de apoyo a las producciones agrarias de Canarias (POSEI) en el nuevo Marco Financiero Comunitario 2021-2027. Específicamente que no se aplique la reducción presupuestaria del 3,9% en el POSEI previsto en la propuesta inicial de la Comisión Europea. También defendemos que la reducción que se aplique a España en la financiación del Programa de Desarrollo Rural (financiado por el FEADER), no se aplique al PDR de Canarias post 2020, atendiendo a la consideración de Canarias como Región Ultraperiférica (RUP).
  • Exigencia de elaboración y aprobación de las Directrices de Ordenación General del Suelo Agrario para la protección específica del suelo rústico de protección agraria, tal como establece la Directriz 58 de las Directrices de Ordenación General, no derogada por la Ley 4/2017 del Suelo y de Espacios Naturales de Canarias. En tanto se aprueben estas Directrices, la Consejería de Agricultura debe emitir informe preceptivo sobre cualquier instrumento de ordenación que afecte a los suelos identificados en el mapa de cultivos de Canarias, así como a las explotaciones ganaderas preexistentes, tal como estables la Disposición Adicional 19 de la citada Ley del Suelo.
  • Impulsar el proceso de legalización y modernización de las explotaciones ganaderas existentes para que cumplan con la legislación ambiental y zootécnica.
  • Exigir el cumplimiento de la normativa vigente sobre control fitosanitario a la importación de productos agrícolas de terceros países para evitar las desastrosas introducciones de plagas que por ello ha sufrido y sufre la producción agrícola de Canarias. Especialmente se debe controlar la importación de tomates a las Islas para evitar la introducción de la keyferia, tras la introducción de plagas como el virus de la cuchara y de la tutta absoluta que tan graves consecuencias han tenido para el sector exportador del tomate canario. Si bien el control de puertos y aeropuertos es competencia del Estado, al artículo 141.5 del nuevo Estatuto de Autonomía permite establecer medidas de colaboración en dicho ámbito para disponer de más recursos económicos y humanos dedicados al control fitosanitario.
  • Continuar modulando progresivamente las ayudas del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) a productos importados de la UE y las exenciones arancelarias a las mercancías que se traen de terceros países en el balance del REA, que compiten con nuestra producción, haciéndolo compatible con el abastecimiento de la población a precios razonables. Esta disminución de las ayudas del REA a la importación debe ser trasladada a incrementos de las ayudas del POSEI a la producción local. En concreto, defender ante el Gobierno de España y la Comisión Europea la reducción de las ayudas a la importación de carnes frescas y leches para el consumo humano ante el incremento de la producción canaria de carnes (bovino, porcino y cabra) y de leche (bovino, ovino- caprino) que se ha producido en los tres últimos años.
  • Solicitar al Gobierno del Estado que se avance en la ampliación de la ayuda al transporte del plátanohasta que cubra el 100% de su coste de transporte.
  • Exigir al Gobierno del Estado que defienda la continuidad de las actuales ayudas al transporte de tomates al Reino Unido en las negociaciones para el abandono de este país de la UE, teniendo en cuenta la condición de RUP de Canarias y que es el único producto agrícola que se exporta a mercados internacionales.
  • Promoción de la producción local, con medidas destinadas a valorizar la diferenciación de nuestras producciones. Esto conlleva medidas para fomentar la normalización y certificación, la identificación de variedades locales y la investigación sobre las mismas. Así como investigación en la mejora genética de la cabaña caprina y ovina, de gran importancia por su número, por la calidad de sus producciones y por su privilegiado estatus sanitario, lo que sin duda repercutirá en la rentabilidad de las explotaciones.
  • Medidas para mejorar la renta que reciben los agricultores y ganaderos del precio final que pagan los consumidores. Esto pasa por crear un Observatorio de Precios Agrarios. También por fomentar la planificación y concentración de la oferta y la búsqueda de acuerdos con el sistema de distribución comercial, la restauración y el sector turístico.
  • Favorecer el abaratamiento del agua con destino al riego agrícola. Además del logro de NC de incluir en el nuevo REF una partida anual en los Presupuestos Generales del Estado, hace falta una política de aguas en Canarias. Se debe priorizar en el convenio de obras hidráulicas con el Estado la depuración y reutilización de las aguas residuales, tanto para obtener más agua para el riego como para evitar la contaminación que producen los vertidos al mar.
  • Desarrollar planes de gestión integral de residuos agropecuarios para aprovechar los mismos como recursos en el propio sector agrario como en otros sectores favoreciendo el desarrollo de la economía circular.
  • Favorecer el pleno reconocimiento de las aportaciones de las mujeres en este sector, fomentando la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, en colaboración con las entidades del mundo rural y a través de las agencias de extensión agraria, con acciones formativas e informativas.
  • Dotar a todas las zonas rurales de acceso a banda ancha, como eje de desarrollo económico y de calidad de vida, en coherencia con los objetivos de la Agenda Digital Europea 2020. De esta manera favoreceremos la fijación de la población en las zonas rurales. Recordemos que más de 360.000 canarios sufren la brecha digital, especialmente en núcleos rurales y aislados.

Pesca

  • Solicitar al Gobierno del Estado que anualmente dote con financiación adicional (ayuda de Estado), los recursos necesarios para que se complete el nivel de compensaciones de los sobrecostes que se generan en la producción, transformación y comercialización de determinados productos de la pesca y la acuicultura de Canarias, que financia el FEMP, en tanto que RUP, de tal manera que puedan acceder a la compensación de los sobrecostes hasta el 100% de los mismos.
  • Gestionar con el Gobierno del Estado ante la Comisión Europea "la posibilidad de permitir ayudas estatales para la construcción de nuevos buques en las regiones ultraperiféricas siempre que se den las condiciones para garantizar la pesca sostenible", tal como recoge la Comunicación, de fecha 24 de octubre de 2017, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europea, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones.
  • Exigir al Gobierno del Estado la aplicación rigurosa de la distribución de las posibilidades de pesca en apoyo de las flotas artesanales como la canaria, en nuestro caso particular en cuanto al necesario incremento de las cuotas de Atún Rojo.
  • Estudiar la evolución de las pesquerías en Canarias y la sostenibilidad de nuestro mar para adaptar la normativa a las artes de pesca que permitan mantener rentas dignas a nuestros pescadores, mejorar los medios de control para luchar contra la pesca furtiva y la comercialización de productos que no hayan pasado por la primera venta, adecuando sistemas de etiquetado que identifiquen la pesca que se comercializa.
  • Fomentar la competitividad del sector pesquero mediante la Unión de Cofradías de Pescadores.

Sector industrial

La industria es un sector estratégico para Canarias, y como tal debe ser considerado, al generar economías de arrastre sobre el resto del tejido económico, siendo por ello esencial garantizar la sostenibilidad, crecimiento y diversificación de la industria canaria.

El sector industrial es especialmente vulnerable a amenazas como la globalización y la deslocalización industrial, la competencia de las producciones exteriores y la dependencia del crudo y de las materias primas del exterior.

El apoyo decidido a la producción local es una parte importante de la solución de los problemas de concentración de la economía canaria, por su valor añadido, por el empleo de mayor calidad que genera y por el arraigo que determinadas actividades productivas guardan con Canarias.

En esa línea Nueva Canarias ha logrado en las negociaciones habidas con el Gobierno de España para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 y de 2018, así como para aprobar la nueva Ley de los aspectos económicos del REF, que se financie el 100% de coste efectivo del transporte de mercancías industriales entre islas, incluyendo el retorno en vacío, así como la importación desde el resto de España de determinados inputs necesarios para nuestra industria y que estas medidas tengan efecto retroactivo al 1 de enero de 2016. Además hemos logrado incorporar esta conquista en el artículo 7 del nuevo REF. Esto supone un impulso enorme a la venta en cualquier otra isla dándole mayor escala al mercado canario.

También se ha conseguido adaptar los incentivos regionales a la realidad empresarial de Canarias (artículo 20 del nuevo REF), modificando el volumen mínimo de inversión inferior al exigible en el resto del territorio de Estado, que será de 300.000 euros en las islas de Tenerife y Gran Canaria y en las islas no capitalinas de 100.000 euros, contando estas últimas con un porcentaje superior de puntuación. Y se amplían los sectores que se pueden acoger a los incentivos regionales.

Es necesario actualizar la aplicación de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias (EDIC) 2009-2020, aprobada por el Parlamento de Canarias, poniendo en marcha un nuevo Plan de Acción de la EDIC a partir de este año 2019, tras los negativos datos que contiene el último informe de evaluación de la EDIC presentado por el propio Ejecutivo en la Cámara Autonómica.

Proponemos las siguientes acciones:

  • Consolidar las medidas específicas que compensan los sobrecostes estructurales que limitan el desarrollo del tejido industrial en Canarias, con especial atención a las islas no capitalinas. En la próxima legislatura se tendrán que notificar y aprobar las ayudas de estado que contiene el REF en el nuevo mapa de ayudas 2021-2027 de la UE. Esto incluye el AIEM, las ayudas al transporte, las bonificaciones en el Impuesto de Sociedades, etc. El “Estudio sobre el coste privado de la ultraperiferia y la doble insularidad en Canarias”, publicado este año 2019, cuantifica la importancia de estos costes para las empresas y que afectan de forma más intensa a ciertos sectores económicos, en particular a la industria.
  • Avanzar en reducir al máximo los procesos administrativos que afecten a la industria, especialmente los de índole territorial y medioambiental, sin menoscabo del cumplimiento de la legislación existente.
  • Mejorar el posicionamiento de los productos “Elaborados en Canarias”, tanto en el mercado interior como en el exterior.
  • Regular los polígonos y zonas dedicadas al uso industrial de forma diferenciada a los de uso comercial o de servicios para favorecer la implantación de industrias con suelo barato y debidamente cualificado.
  • Favorecer el reciclaje en Canarias. El sector industrial se puede y debe desarrollar por medio del aprovechamiento de los residuos en Canarias, para eso se debe apoyar el tratamiento de estos, defender el principio de proximidad y trabajar con los gestores de los SIG (Sistemas integrados de Gestión) para que sea posible.
  • Fomento de la emprendeduría industrial y empresas de base tecnológica, poniendo en marcha los instrumentos públicos de financiación para el apoyo inicial.
  • Apoyar el desarrollo de los parques tecnológicos existentes y de las transferencias de I+D al sector. Desarrollar un programa de apoyo que permita avanzar hacia el objetivo de que la inversión empresarial en I+D+i alcance el 35% del gasto global que realiza Canarias en este ámbito, tal como establece la EDIC. En la actualidad este gasto está sostenido casi exclusivamente por la aportación pública.

Comercio

La actividad comercial representa el 16% del PIB canario y un 20% del empleo. Este sector está constituido esencialmente por pequeñas y medianas empresas, y su importancia no sólo radica en su aportación en términos de riqueza y empleo sino por su relevancia a la hora de articular de manera sostenible nuestros barrios, pueblos y ciudades.

El sector ha sufrido importantes cambios en los últimos lustros, por la implantación de grandes cadenas de distribución y por la modificación en los hábitos de consumo.

Uno de sus retos es la modernización de sus empresas, adaptándolas y renovándolas de acuerdo con los nuevos tiempos, para hacerlas realmente competitivas y atractivas para los consumidores. Impulsando, asimismo, las zonas comerciales abiertas y el comercio de proximidad.

Además, debido a la importancia de los comercios tradicionales en los núcleos urbanos el planeamiento general deberá analizar la estructura comercial del municipio y establecer determinaciones zonales para las diferentes categorías de establecimientos. En particular, proponemos que se establezcan medidas para fomentar la recuperación, mantenimiento y promoción del comercio tradicional en los centros urbanos y, especialmente, en los conjuntos históricos.

En este sentido proponemos las siguientes medidas:

  • Potenciar la continuidad del programa de Zonas Comerciales Abiertas, regulando el desarrollo normativo de las mismas.
  • Decidir el modelo de ciudad comercial a través de la realización de planes directores de comercio con la dotación del equipamiento que precisan: calles peatonales, jardines, alumbrado, aparcamiento, accesibilidad, buena comunicación a través del transporte público.
  • Potenciar las líneas de financiación para las PYMES en las Zonas Comerciales Abiertas.
  • Incentivar el asociacionismo del sector y fomentar la creación de Mesas del Comercio que sean foros de debate, donde puedan participar asociaciones de empresarios, administraciones públicas, asociaciones de consumidores, cámaras de comercio, etc.
  • Promover programas de formación para modernización e innovación de las empresas del sector comercial tradicional orientado a la mejora de su productividad.
  • Potenciar los mercados municipales y los mercadillos del agricultor, favoreciendo la canalización comercial de nuestros productos y mejorando el consumo.

Diversificación de nuestras actividades económicas

La diversificación de las actividades económicas en Canarias debe comenzar con identificar aquellos sectores de desarrollo estratégico que tienen un alto potencial de generar tejido productivo a medio plazo. Aquellos sectores emergentes con muy bajo desarrollo empresarial previo, así como las tareas tecnológicas en el sistema público de I+D+i con un alto nivel de desarrollo local para, acto seguido, financiar proyectos concretos hasta su escala industrial y productiva con un claro objetivo de viabilidad económica.

Entre estas nuevas actividades le damos mucha importancia a la economía azul; la economía verde; la producción audiovisual o la economía digital.

Ya no cabe ninguna duda de la transcendencia que para Canarias tiene apostar por la economía azul. El mar tiene una gran potencialidad para nuestro futuro tanto desde el punto de vista estrictamente económico como desde el científico, el tecnológico o el de ocio. Un ejemplo de lo que decimos son las posibilidades que abre la biotecnología azul: microalgas, moléculas con capacidad terapéutica o cosmética, nuevas fuentes de energía no contaminantes, biomateriales...

También debemos impulsar todas las actividades relacionadas con la llamada economía verde. Que facilite y potencie el consumo de productos que menos impacten en el medio, las energías limpias, el transporte sostenible, la agricultura ecológica e integrada; ahondando en una economía circular que recurra al reciclado y al tratamiento limpio de los residuos y a la mejora de la economía reduciendo el agotamiento de los recursos, que procure la innovación y el conocimiento, que garantice la seguridad de los suministros de lo que necesitamos para nuestra subsistencia, que limite el impacto en el medio de los modos de producción... y, finalmente, consolidando una economía social que facilite la creación de cooperativas, empresas de trabajo asociado, ONG, bancas éticas, empresas microeconómicas que primen la ética y las personas frente a las ganancias especulativas...

Asimismo, queremos consolidar una propuesta de industria audiovisual competitiva a medio plazo, tanto para el sector de cine y televisión como el de los contenidos digitales. Para ello propusimos y logramos incluir en el nuevo REF incentivos específicos para desarrollar esta actividad en el Archipiélago (disposición adicional 14), tanto para atraer productoras como para promover las actividades de postproducción y animación realizadas en las Islas.

Para lograrlo proponemos distintas medidas: la promoción de los mercados y el apoyo a las productores que nos visiten; la mejora del soporte de ayuda a las producciones y la simplificación administrativa de los procedimientos de rodaje de las administraciones públicas; la creación de una oferta local de profesionales jurídicos, financieros y de servicios técnicos y auxiliares que faciliten el desarrollo local, combinando la inversión privada, la bancaria y el soporte de entidades financieras públicas; la capacitación de recursos humanos en distintos niveles, con especial atención a la Formación Profesional y especializada. La Escuela Superior de Arte y Diseño y las universidades pueden jugar un rol importante a medio plazo.

Otra de las medidas centrales es la promoción de infraestructuras de rodajes de interiores y exteriores y de espacios cualificados para desarrollo de la industria de contenidos digitales. También impulsar empresas locales especializadas en industria audiovisual de contenidos digitales. Y respaldar iniciativas empresariales locales a través de programas específicos de apoyo al emprendimiento de contenidos digitales, tratando de hacer visibles e impulsar las aportaciones de las mujeres en esta industria en aras de avanzar en una presencia más equitativa en términos de género en la misma.

Además, impulsaremos el lanzamiento en estos sectores de proyectos de alto potencial de crecimiento, creación de empleo e internacionalización de nuestras empresas.

También apoyaremos proyectos empresariales relacionados con la innovación social y con la atención a colectivos especialmente desfavorecidos.

Queremos que Canarias sea un “archipiélago inteligente” en el que la brecha digital desaparezca paulatinamente. Para ello es imprescindible garantizar el acceso a toda la ciudadanía a los servicios de banda ancha de nueva generación, financiando el sobrecoste que afrontan los operadores para desplegarlos en zonas aisladas y rurales, (donde no les supone rentabilidad económica), como eje de desarrollo económico y de calidad de vida, en coherencia con los objetivos de la Agenda Digital Europea 2020.

Las islas inteligentes son capaces de dar respuesta a las necesidades del siglo XXI a través de la extensión de la banda ancha, así como de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y la sostenibilidad. Queremos que las herramientas digitales, el comercio electrónico y el “Internet de las Cosas” tengan un gran protagonismo en Canarias.

Queremos ser islas inteligentes que apuestan por la sostenibilidad medioambiental a través del uso responsable de los recursos energéticos o hídricos y que desarrollan instrumentos de participación en los asuntos estratégicos; islas con una movilidad inteligente que garantiza sistemas de transporte sostenibles, seguros e interconectados; islas que gestionan de manera inteligente las emergencias.

Queremos un archipiélago capaz de generar oportunidades gracias a su valor añadido digital, captando empresas y talento para convertirnos en una mezcla inteligente de diferentes actividades: turismo, conocimiento, start-ups, nómadas digitales, trabajadores remotos, etc.

IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i)

La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación son determinantes para el crecimiento a largo plazo, para incrementar la productividad de la actividad económica y para la diversificación de la economía canaria.

En la actualidad la política canaria de I+D+i se inscribe en la "Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias (RIS3) 2014-2020", que el Parlamento aprobó en marzo de 2014, y el Plan Canarias 2020, que el Gobierno saliente tuvo que remitir a la Comisión Europea para poder acceder a los fondos europeos en el marco de la "Estrategia Europa 2020" que nos obliga a una “concentración temática” de los Programas Operativos de dichos Fondos en los ejes que tienen que ver con un “crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, siendo la I+D+i uno de los más importantes. Recordemos que para la Estrategia Europea 2020 el futuro del desarrollo económico está en el conocimiento, proponiendo como objetivo invertir el 3% del PIB en I+D.

A pesar de ello, en la legislatura 2015-2019 el esfuerzo presupuestario en I+D+i no ha hecho más que reducirse. Así si en el año 2015 se presupuestaron 96,5 millones, en los últimos Presupuestos para 2019 esta cantidad sólo es de 72,1 millones. Pero más preocupante que esta reducción de la dotación económica es que lo presupuestado no se gasta, siendo la ejecución de esta partida del 76%. Es decir, se dejó de gastar la friolera de 17 millones de euros. No parece por tanto que esta área haya sido una prioridad para este Gobierno.

El fracaso de la política de I+D en Canarias se expresa en el incumplimiento de los objetivos que nos marcamos. El plan Canario I+D+i 2007-2010 pretendía que el esfuerzo llegara al 1,50% del PIB en el año 2010. Pero nos quedamos en el 0,54%. La Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020 pretende lograr que el esfuerzo en I+D sea el 1,1% del PIB en el año 2020.

Pero los resultados son pésimos. Si en el año 2013 el gasto en I+D+i suponía el 0,51% del PIB (datos del INE), en 2017 (último dato publicado) se reduce todavía más al 0,50% del PIB. Este año 2017 en España este indicador era del 1,20% del PIB y en la Unión Europea era del 2,03% del PIB (Eurostat).

La RISS3 2014-2020 pretende que la inversión privada de las empresas sea el 35% del total del gasto en I+D+i el año 2020. El mismo objetivo que recoge la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias (EDIC) 2009-2020. Pues bien, este objetivo “aun queda muy lejos”, tal y como expone las conclusiones del último Informe de seguimiento de la EDIC, que recuerda que el gasto empresarial en I+D sólo representa el 16%.

La escasa inversión en esta área supone que, junto a la obsolescencia material sufrida, los recursos humanos también han envejecido, al congelarse la reposición del personal que ha causado baja. La consecuencia obvia es un envejecimiento generalizado del sistema de I+D+i. Por ello, es necesario recuperar las inversiones en recursos humanos y materiales que generen nuevas expectativas.

En esta materia proponemos:

  • Incrementar de forma significativa y sostenida en la próxima legislatura la financiación de las políticas de I+D+i, pues la consecución de los objetivos relacionados con esta área requiere un amplio periodo de maduración. También a realizar un esfuerzo presupuestario propio de la CAC más allá de la financiación proveniente del programa FEDER y de otros instrumentos europeos.
  • Desarrollar instrumentos efectivos de creación, retención y atracción de talento investigador de manera coordinada con nuestras universidades, entidades de investigación, corporaciones locales y agentes socio-económicos implicados. Se deben crear programas específicos para financiar que los egresados de nuestras universidades puedan realizar postgrados y proyectos de investigación en Canarias.
  • Apoyo a la capacitación científica de grupos de I+D canarios. Es necesario apoyar a tales grupos de investigadores, capacitarlos y que puedan concurrir con garantías de éxito a las convocatorias de los programas de I+D españolas y europeas.
  • Desarrollo de nuestras potencialidades en I+D. Tal como señala la última Comunicación de la Comisión Europea sobre las RUP, Canarias debe desarrollar la investigación en ámbitos como la astronomía, las ciencias marinas o la biodiversidad. Hay que lograr que el Estado asuma la financiación de grandes infraestructuras de trascendencia internacional para que Canarias puedan dedicar esos recursos al fortalecimiento de la capacitación y al aprovechamiento en el entorno local de las oportunidades generadas.
  • Valorización económica del esfuerzo en I+D. Canarias tiene la oportunidad de desarrollar una incipiente industria de la ciencia en campos como la astronomía y espacio, las ciencias marinas o la biodiversidad. Y también tiene la oportunidad de introducir el conocimiento científico en áreas consolidadas de actividad económica, y de forma muy especial en el turismo.
  • Queremos integrar en las estrategias de apoyo a la innovación en ciencia y tecnología objetivos de igualdad de género, fomentando el acceso de las mujeres a las profesiones científico-tecnológicas, pero también respaldando la investigación y divulgación del conocimiento social, científico y tecnológico que se realiza con perspectiva de género y la labor realizada por mujeres investigadoras en los centros de investigación, innovación y en las universidades públicas canarias.
  • Apoyo a la difusión de la ciencia. La ciencia es un componente esencial de la cultura moderna y es fundamental que se ayude a difundir la investigación científica que se hace en nuestra comunidad, especialmente entre los jóvenes.
  • Fomento de la innovación empresarial. Deben promocionarse instrumentos financieros, bonos de innovación, incentivos fiscales como los contenidos en el nuevo REF, etcétera, que facilite la introducción de innovaciones en la actividad de las empresas y la creación de empresas de base tecnológica.
  • Facilitar la utilización de los parques y espacios tecnológicos existentes por parte de las empresas. Hay que modificar el modelo de gestión de estas instalaciones procurando la atracción de emprendedores y empresas de base tecnológica.

UNA POLÍTICA FISCAL JUSTA Y SUFICIENTE

La política fiscal expresa en gran medida el modelo de sociedad que se propugna, el papel que deben jugar las administraciones públicas y los servicios que prestan y a quienes se les debe exigir mayor esfuerzo tributario. Según el modelo que se defienda se podrá dotar más y mejor a los servicios públicos esenciales, desarrollar las políticas de inclusión social, facilitar que haya un parque público de viviendas, combatir la violencia de género, garantizar la Justicia o renovar las infraestructuras.

La concepción liberal-conservadora de la política fiscal que sostiene que el dinero donde mejor está es en el bolsillo del ciudadano y no gestionado por las administraciones públicas tiene su público. Las rebajas fiscales tienen sin duda buena prensa. Lo que sucede es que la prestación de los servicios públicos fundamentales y el resto de actividades y servicios que proveen las administraciones hay que pagarlos y para eso están los impuestos y la política fiscal.

Defendemos una política fiscal donde el sostenimiento de los gastos públicos se realice de acuerdo con la capacidad económica de las personas y de las empresas mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de la igualdad y progresividad.

En la estructura competencial sobre los tributos tiene un papel determinante el Estado, por lo que una parte importante de las modificaciones de la política tributaria que defendemos tienen que ver con una reforma fiscal a nivel estatal que introduzca mayores niveles de progresividad en la imposición directa.

En relación a las importantes competencias que sobre el sistema tributario tiene la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) hacemos una serie de propuestas para incrementar los ingresos porque queremos dejar claro cómo vamos a financiar las propuestas sobre servicios públicos y políticas sociales que hacemos en este Programa electoral.

Para ello proponemos tres tipos de medidas:

  • Que paguen los que no pagan: combatir el fraude fiscal.
  • Que paguen los que más tienen: revirtiendo algunas rebajas fiscales realizadas en esta legislatura por el Gobierno saliente e incrementando algunos impuestos propios.
  • Dándole un mayor protagonismo a la imposición medioambiental: implantando la ecotasa turística.

a) La persecución del fraude fiscal

En las dos legislaturas que Nueva Canarias ha tenido representación en el Parlamento hemos insistido en que para fortalecer los ingresos tributarios de la CAC hay que perseguir el fraude fiscal. El elevado fraude fiscal y laboral afecta a la equidad y a la suficiencia de nuestro sistema fiscal.

Aparte de la tarea que corresponde al Ministerio de Hacienda, que dirige la gestión de la imposición tributaria competencia del Estado, el Gobierno canario debe incrementar la inspección fiscal y laboral en el ámbito de sus competencias, por ejemplo en los tributos del REF y en los tributos propios y en relación con el fraude laboral.

Sabemos que el cumplimiento de los contribuyentes aumenta cuando la Administración tributaria y laboral mejora sus procedimientos de gestión y control, lo que revela la rentabilidad recaudatoria y social y el efecto multiplicador de la inversión en recursos para la gestión tributaria.

Porque somos de la opinión que el dinero invertido en perseguir el fraude fiscal traerá muchos más ingresos a la CAC y debilitará la tentación de defraudar, proponemos dotar de recursos técnicos y humanos suficientes a la Agencia Tributaria Canaria (ATC), organismo autónomo que desde su creación por la Ley 7/2014, de 30 de julio de 2014, es el responsable del programa de gestión tributaria.

Para cumplir su misión de lograr aumentar los ingresos por esta vía, la ATC debe cumplir dos objetivos estratégicos: maximizar la eficacia en la gestión tributaria y aplicar eficientemente los recursos que se le asignan.

b) Propuestas para incrementar los ingresos a partir de los impuestos propios

Defendemos que el sistema fiscal se oriente a exigir un mayor esfuerzo a los contribuyentes y consumidores con mayor capacidad de renta y de gasto.

Durante la legislatura que finaliza el Gobierno de CC, apoyándose en el PP y en ASG, ha aprobado en el Parlamento numerosas rebajas fiscales que ha supuesto una reducción de ingresos por encima de los 300 millones de euros.

Aunque algunas deducciones fiscales o reducción de tipos impositivos las compartimos, la mayoría nos han parecido desacertadas puesto que disminuyen los ingresos impidiendo recuperar y mejorar los servicios públicos que presta la CAC o aplicar medidas contra las enormes secuelas sociales del desempleo, falta de viviendas y pobreza que ha dejado la crisis que hemos padecido.

Así se ha eliminado el impuesto de Sucesiones y Donaciones (en este caso con el apoyo de PSOE en la parte de la legislatura que participó del Gobierno); se redujo el 0,5% no sólo a los tramos bajos del IRPF competencia de la CAC (cosa que compartimos) sino también a los tramos de renta altos; se ha disminuido el tipo general del IGIC del 7 al 6,5%; se bajó el IGIC para la telefonía móvil del 7% al 3% o se declara exento el IGIC del consumo eléctrico para todos los consumidores, al margen de si son consumos de viviendas o empresas, y sin discriminación del nivel de renta de los hogares o del nivel de consumo utilizado y de los ingresos que obtienen las empresas.

Nueva Canarias propone replantearse estas rebajas fiscales guiada por dos principios. Por un lado, que en ningún caso perjudiquen a las rentas bajas y a los contribuyentes con menos capacidad de gasto. Y por otro, que se logre la recaudación necesaria para abordar las principales propuestas de nuestro programa electoral. Específicamente las vinculadas a la mejora de los servicios públicos (sanidad y educación), a la puesta en marcha de la renta de ciudadanía para luchar contra la pobreza, a generar un plan de viviendas públicas, mejorar la aplicación de la ley de la dependencia y fomentar medidas para la igualdad de la mujer y contra la violencia de género.

Por otro lado, también proponemos elevar los tipos incrementados del IGIC del 9,5 al 11% y del 13,5 al 15%, lo que supondría una recaudación adicional de unos 30 millones de euros.

Los bienes y servicios sujetos a estos tipos incrementados son los considerados como consumo suntuario y propio de personas con alta capacidad de gasto, tales como la adquisición de vehículos de gran potencia, embarcaciones, aviones y avionetas, autocaravanas, joyas, relojes de lujo, prendas de vestir confeccionadas con pieles, etc.

c) Implantación de la ecotasa turística

La introducción de los tributos ecológicos o medioambientales va a ser una tarea de la próxima legislatura. Se trata de aplicar el principio de “quien contamina, paga”, utilizando las figuras tributarias para que los impactos ambientales que causen la actividad económica de las empresas pasen a ser costes privados de éstas (“internalizados”) y que se reflejen en los precios que han de pagar los consumidores.

La creación de impuestos ambientales estará vinculada a la puesta en marcha de un Plan Integral de Lucha contra el Cambio Climático, que incluya objetivos como la transición energética hacia fuentes de energías renovales, la movilidad sostenible, el reciclaje y tratamiento de los residuos, la depuración y reutilización de las aguas, etcétera.

No obstante, y en concreto, seguimos defendiendo nuestra propuesta de establecer un impuesto sobre las estancias turísticas en Canarias, popularmente conocida como tasa o ecotasa turística. El grupo parlamentario de Nueva Canarias ya presentó en la legislatura que finaliza una Proposición de Ley con un texto articulado para la creación de tal impuesto, que ni siquiera fue tomada en consideración por el bloque conservador de CC, PP y ASG.

Se configuraría como un impuesto propio de la Comunidad Canaria cuya recaudación se afectaría de forma finalista al fomento de la renovación de las infraestructuras turísticas públicas, al impulso de un turismo sostenible, a la preservación de los espacios y recursos naturales, a la recuperación del patrimonio histórico y al mantenimiento del paisaje agrario que son parte de nuestro atractivo turístico.

El tributo lo pagarían los visitantes por día de estancia en cualquier establecimiento turístico de las Islas. La estimación de la recaudación obtenida dependerá de cómo se articule el tributo, especialmente del tipo medio de gravamen que usemos. Suponiendo sólo 1 euro por noche, con una estancia media de 7 días y un mínimo de 15,6 millones de turistas que recibimos el pasado año 2018, se podría obtener unos 110 millones de euros de ingresos.

La recaudación obtenida por este tributo se distribuirá entre la CAC y los cabildos y ayuntamientos turísticos, que también los destinarán obligatoriamente a la financiación de las actuaciones señaladas.

Las medidas fiscales que proponemos, junto con la notable mejora de la financiación autonómica, al lograr separarla de los recursos del REF en el nuevo Estatuto de Autonomía, que supone unos 600 millones más este año 2019 respecto a los recibidos en 2016, y una revisión del uso de los fondos del FDCAN (160 millones anuales), orientándolo hacia las propuestas de este Programa electoral, la CAC puede disponer de unos recursos suficientes para mejorar la vida de las personas que vivimos en Canarias.

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La igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos debe ser un objetivo transversal y permanente de la sociedad canaria y de sus instituciones.

Cuando el machismo se rearma, contraataca e intenta mantener sus privilegios, se necesitan renovados esfuerzos para seguir trabajando por la igualdad plena y por la superación del patriarcado. No se puede concebir una sociedad democrática si no se integra la igualdad como una condición de partida para las personas que viven en ella.

El Parlamento y el Gobierno de Canarias tienen una responsabilidad crucial para el desarrollo de las políticas de igualdad y contra la violencia de género, que afectan de modo sustantivo a la sostenibilidad de la vida en nuestra sociedad.

Ya se dispone en las instituciones públicas de una amplia experiencia en el desarrollo de diferentes modelos de políticas de igualdad, abarcando distintos tipos de medidas que inciden en la amplia gama de desigualdades que quedan aún por remover con la colaboración y el compromiso entre las instituciones y la sociedad civil. Nuestras propuestas en este campo combinan la posibilidad de establecer medidas de acción positiva, dirigidas a compensar individualmente desigualdades de partida que afectan a las personas por razón del sexo, orientación sexual e identidad de género, con un planteamiento que hace suyos los principios de transversalidad reconocidos internacionalmente para las políticas públicas en este campo.

Por ello, la Igualdad debe estar presente en todas las áreas de actuación del gobierno canario y de la labor legislativa parlamentaria, de ahí el compromiso de una intervención transversal en el empleo y la economía, en la cultura y la educación, en todos los servicios públicos, en el deporte, en las intervenciones centradas en el mundo rural, el turismo, la vivienda, o el desarrollo e innovación tecnológica y científica. La Igualdad debe ser un fundamento de la gobernanza y la participación ciudadana, porque sin ella no se puede hablar de una democracia plena.

Son algunos de nuestros principales compromisos en esta materia los que enunciamos a continuación.

GOBERNANZA

  • Reforzamiento político del área de Igualdad en el Gobierno de Canarias, con la creación de una Viceconsejería de Gobierno de Igualdad de Género, dependiente de Presidencia del Gobierno, que les dé autoridad y transversalidad a estas políticas. Consolidando el Instituto Canario de Igualdad, ampliando su presupuesto, su ámbito de competencias y la dotación de recursos humanos para que pueda desarrollar una labor más intensa en materia de Igualdad por razón del sexo, orientación sexual e identidad de género, y frente a la violencia sexista.
  • Potenciación y puesta en funcionamiento de los órganos de participación y coordinación para el desarrollo de las políticas de igualdad de género contemplados en el Título III de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres: Comisión Interdepartamental para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Unidades de igualdad de género, Observatorio de la Igualdad de Género, Consejo Canario de Igualdad de Género y Comisión de coordinación de las políticas autonómicas y locales para la igualdad de género.
  • Evaluación final de la Estrategia Canaria para la Igualdad de Mujeres y Hombres 2013-2020 y debate y aprobación de un nuevo Marco Estratégico para la Igualdad de Género para la década 2020-2030.

IGUALDAD

Además de las medidas que se han ido integrando en los distintos bloques de intervención contemplados en este programa, se hace preciso continuar trabajando por:

  • Romper con los obstáculos que siguen impidiendo el pleno acceso de las mujeres a los más diversos ámbitos.
  • Acabar con las desigualdades laborales, económicas, sociales y culturales que se mantienen en el conjunto de nuestra realidad.
  • Reclamar el incremento de las pensiones no contributivas, que en el caso de Canarias afectan en su mayoría a mujeres.
  • Realizar campañas que promuevan la igualdad entre géneros, orientadas hacia destinatarios masculinos y femeninos.
  • Promover la realización de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, retomando políticas de asesoramiento y formación afectivo-sexual dirigidas en particular a nuestra gente joven.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Impulso y fortalecimiento de las políticas de prevención y protección integral frente a las violencias machistas, desarrollando como líneas de intervención importantes:

  • Generación de estadísticas oficiales sobre la violencia de género en Canarias integrando los datos de diversas fuentes oficiales, así como realización de estudios sobre la problemática de las distintas formas de la violencia machista en Canarias en distintos espacios y situaciones, de modo que sea posible ir adecuando la intervención institucional a las situaciones de violencia que se producen en nuestro entorno.
  • Debate y aprobación de un Plan Canario frente a la Violencia Machista que permita el desarrollo coordinado con los cabildos, ayuntamientos y entidades de las medidas integradas en el Pacto de Estado frente a la Violencia de Género en Canarias.
  • La consolidación del Sistema de Prevención y Protección Integral frente a la violencia de génerogarantizando un marco plurianual de financiación a los cabildos que facilite la planificación de la mejora en sus dotaciones (presupuestarias y de recursos humanos) y la estabilidad de las prestaciones que se ofrecen. Se procederá al estudio y reforma, si así se requiriera, del modelo de convenio.
  • Impulsar actuaciones que faciliten el proceso de acceder a una vida autónoma de las mujeres en situación de violencia de género, con incidencia en las problemáticas de la inserción laboral y la vivienda.

CUIDADO DE LAS PERSONAS

La sociedad canaria debe avanzar en conseguir que progresivamente seamos capaces de situar la vida y su cuidado como núcleos centrales de un modelo de organización económica y social corresponsable.

En el establecimiento de las políticas sociales se debe otorgar un papel central a la organización social del cuidado, garantizando que la gestión de los servicios sociales especializados en el cuidado de las personas y su bienestar se realice partiendo de la perspectiva de género, teniendo presente que recae fundamentalmente sobre las mujeres esta función, tanto en el ámbito doméstico como en el de los servicios profesionales.

Para dar un respaldo a la sobrecarga que supone para las mujeres en el ámbito doméstico la labor del cuidado de sus familiares, se debe seguir ampliando el número de recursos asistenciales y los servicios de proximidad para las personas dependientes y mayores. Se debe, además, incluir en los programas de intervención medidas de apoyo a las personas que en el ámbito doméstico realizan estas labores de cuidado.

Pero también se debe avanzar en la integración de la igualdad en la labor desarrollada dentro de los servicios especializados, integrando la garantía de un trato igualitario a hombres y mujeres usuarios de los servicios y con el reconocimiento pleno de sus derechos no siempre reconocidos (por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, o los derechos de las personas LGTBI). Se debe asimismo ejercer un papel activo para garantizar que en los centros de acogida y atención no se producen situaciones de violencia machista ni de discriminación o acoso sexual o por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género, incluyendo la existencia de protocolos de prevención y actuación en esta materia en los servicios especializados.

Finalmente, el Gobierno de Canarias dará impulso decidido a las medidas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal, empezando por el respaldo decidido a la educación infantil de 0 a 3 años, y promoviendo incentivos a las empresas para el impulso y respeto a las medidas de conciliación establecidas legalmente.

DIVERSIDAD: POLÍTICAS DE IGUALDAD LGTBI

Rechazamos la discriminación por razones de identidad sexual y trabajaremos por el reconocimiento pleno de los derechos del colectivo LGTBI, lo que implica actuaciones en los más diversos ámbitos: educación, sanidad, deporte, etcétera.

Nueva Canarias defiende en todos los ámbitos institucionales y en el conjunto de la sociedad la plena igualdad de derecho de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, intersexuales, queer... Combatiendo cualquier forma de exclusión educativa, laboral, social o en los espacios deportivos o de ocio por razones de orientación sexual o identidad de género.

Defendemos para todas las parejas de hecho, hetero u homosexuales, todos los derechos que se derivan de la convivencia matrimonial.

Nueva Canarias considera imprescindible garantizar el derecho de las personas transexuales a recibir una atención integral de las administraciones canarias en los ámbitos educativo, sanitario o laboral, para que estén en condiciones de igualdad con el conjunto de la sociedad.

El reconocimiento de la existencia de formas de discriminación y violencia asociadas a la diversidad de orientación sexual e identidades de género requiere que se den pasos en la articulación de políticas singulares y la dotación de recursos especializados por parte de las instituciones y entidades que promuevan la información y sensibilización y puedan dar respuesta a la demanda de igualdad de derechos y de trato de estos colectivos, así como atender de forma integral a las personas que sean objeto de prácticas discriminatorias y agresiones por su orientación sexual o identidad de género no normativa, incluyendo a colectivos especialmente vulnerables (personas con discapacidad, de etnias minoritarias, ...).

Se asumen como compromisos para esta legislatura:

  • Elaboración y aprobación de una Ley Canaria de Igualdad LGTBI en coordinación con los colectivos LGTBI de nuestra Comunidad.
  • Integración de las problemáticas asociadas a la orientación sexual e identidad de género en el Marco estratégico para la Igualdad de Género de Canarias.
  • Contribuir al conocimiento de la realidad de la diversidad familiar y de las personas LGTBI en Canarias fomentando la realización de estudios sobre las situaciones de discriminación y de violencia lgtbifóbica e intragénero, así como campañas de sensibilización que favorezcan el respeto a la diversidad.
  • Apoyo a las iniciativas que impulsen la igualdad y el ejercicio de todos los derechos desde la diversidad familiar.
  • Seguir avanzando en la despatologización de la transexualidad e intersexualidad, teniendo una especial atención a la infancia y adolescencia, y afirmando la diversidad de género.
  • Programas de formación y sensibilización en masculinidades igualitarias y diversidad sexual, particularmente entre los cuerpos y colectivos profesionales de servicios públicos (cuerpos y fuerzas de seguridad, profesorado, personal sanitario, personal de servicios sociales...).

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Proponemos un Plan Integral de Lucha Contra el Cambio Climático en línea con los ambiciosos objetivos propuestos por la Unión Europea: un 40% menos de gases de efecto invernadero (GEI) que dañan el clima para 2030; 55% menos para 2040 y huella de carbono cero para 2050. Estamos comprometidos con los acuerdos de la Cumbre del Clima de París. Canarias debe contribuir para que la temperatura media del planeta no se incremente en 1,5-2 grados a finales de siglo.

Para ello proponemos las siguientes medidas:

  • Creación de la Agencia Canaria para el Clima y la Energía Sostenible con dotación presupuestaria y recursos humanos suficientes para liderar la transición ecológica del Archipiélago. El Observatorio Canario de Cambio Climático se integrará dentro de su estructura. Dicha agencia podrá convertirse en medio propio de los cabildos y ayuntamientos para diseñar y ejecutar proyectos de energía sostenible.
  • Realización de un Inventario Anual de Emisiones de GEI con el fin de conocer el cumplimiento de los objetivos climáticos de Canarias.
  • Impulsar junto a los cabildos el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía Sostenible de la Unión Europea en todos los municipios canarios para lograr el objetivo propuestos de reducción de los gases de efecto invernadero en un 40% para 2030 y una alta penetración de las energías renovables.
  • Impulsar la adhesión voluntaria de cabildos y Gobierno de Canarias a dicho Pacto con el fin de elaborar Planes de Acción por el Clima y la Energía Sostenible dentro de sus ámbitos competenciales. Se primará el ahorro y eficiencia energética en edificios públicos, aplicando cuando sea posible, principios de compra pública innovadora.
  • Evaluar la vulnerabilidad de nuestro territorio frente al calentamiento global, y fomento de las actuaciones urbanísticas y territoriales que contribuyan a la adaptación al cambio climático y a la mitigación de los gases de efecto invernadero.
  • Impulsar proyectos piloto de economía circular, especialmente en el sector turístico, con el fin de impulsar la descarbonización de nuestro modelo productivo.
  • Impulso del emprendimiento “circular”, apoyando nuevos modelos de negocio que favorezcan el cierre sostenible de ciclos y ecosistemas productivos.

ENERGÍAS RENOVABLES PARA UNA CANARIAS SOSTENIBLE

El Gobierno de Canarias debe liderar la transición energética y la expansión de las energías renovables, especialmente la eólica y la fotovoltaica, e impulsar la investigación en energías marinas o la geotermia de baja y media/alta entalpía. Debemos avanzar en la descarbonización de nuestro modelo energético durante la próxima legislatura a un ritmo récord. Hay que pasar de la edad de piedra de las energías fósiles a la de las energías renovables. Además de la generación de electricidad, nos centraremos cada vez más en el ahorro y la eficiencia energética.

Entendiendo el desarrollo de las renovables no sólo como la disminución de la factura energética, así como de nuestra dependencia de las energías fósiles, y por tanto del exterior, y la reducción de la contaminación, sino también como el desarrollo de nuevas actividades económicas que generan empleos. Apoyando proyectos de autosuficiencia energética, alimentaria y de turismo sostenible basadas en energías alternativas.

Planteamos en el ámbito energético entre otros objetivos los siguientes:

  • Profundizar en la I+D+i ligada a la eólica marina, la geotermia, la mareomotriz...
  • Fomentar y subvencionar las instalaciones de energías renovables en hogares, industrias e instalaciones hoteleras. Defender el autoconsumo como la fórmula ideal para democratizar la energía.
  • Alcanzar el 100% de la depuración o desalación de aguas con energías renovables.
  • Educar y crear conciencia ciudadana para la búsqueda de la eficiencia y el ahorro de energía.
  • Propiciar la implantación del coche eléctrico con ayudas para su adquisición, instalaciones de puntos de recargas y asociando sus consumos a la producción de renovables. Como valor añadido al turismo verde, incidir en fomentar el uso de coches eléctricos para alquiler.
  • Promover la instalación de industrias ligadas al mantenimiento, fabricación de componentes, montajes, etcétera, de las renovables.
  • Revisar los Planes Territoriales para una mayor implantación de las energías verdes.
  • Defender la potenciación de las renovables tomando parte activa para desbloquear todos los obstáculos que impiden hoy su penetración.
  • Continuar rechazando los intentos del Gobierno de Canarias de imponer la implantación del gas, una energía contaminante y que supone continuar en la costosa línea de dependencia del exterior y generación de obstáculos para el avance de las renovables.
  • Asesorar a hogares y a pymes en la utilización de energías verdes, creando canales que faciliten la búsqueda de recursos financieros y alternativas técnicas.
  • Elaboraremos una Estrategia Energética de Canarias 2030 alineada con los requerimientos de la Cumbre de París y la UE consensuado con todos los agentes implicados en la materia. Dicha estrategia pretende alcanzar el 40% de penetración de las energías renovables en el año 2030, contemplando medidas de impulso de las energías eólica, fotovoltaica, geotérmica, biomasa y energías marinas.
  • NC se compromete a que al final de la legislatura todas las cubiertas y techos de edificios públicos del Gobierno de Canarias cuenten con plantas fotovoltaicas. Así como impulsar que la mayor parte de las cubiertas y techos de las edificaciones de Canarias cuenten con instalaciones fotovoltaicas en 2030.
  • Aumento y mejora de las subvenciones para las energías renovables a particulares y empresas, especialmente en lo que al autoconsumo se refiere. En este sentido, las ayudas se extenderán a todas las viviendas y no solamente a las de alto standing como en la actualidad.
  • Impulso a la geotermia de baja entalpía, la aerotermia y la biomasa en instalaciones turísticas y PYMES.
  • Desarrollar los programas y captar fondos para proyectos relacionados con la economía verde, las energías renovables (off-shore) y redes energéticas inteligentes (smart grids).
  • Iniciar estudios que busquen un marco adecuado para alinear las políticas impositivas con el impulso de la transición energética.
  • Convertir a la PLOCAN en uno de los bancos de pruebas de referencia a nivel mundial para proyectos pilotos off-shore de generación con energías marinas. Fomentar la implicación de las empresas canarias en dichos proyectos.
  • Creación de las primeras infraestructuras de almacenamiento energético asociado a generación renovable.
  • Progresiva “electrificación” del parque móvil del Gobierno de Canarias.
  • Programas para el fomento de la movilidad eléctrica tanto en las administraciones públicas canarias como en particulares y pymes.
  • Impulso junto a los cabildos insulares de una Red Canaria de Cargadores para Vehículos Eléctricos.
  • Potenciar la aparición de nuevas empresas en el ámbito del uso compartido de automóviles, almacenamiento energético, y la recarga.

RESIDUOS

Canarias ocupa el segundo puesto de todas las comunidades autónomas en generación de residuos por habitante y día. Y es, también, la Comunidad Autónoma que elimina sin reciclar el mayor porcentaje de sus basuras. Según los datos más recientes dados a conocer por el Gobierno, solo un 18% de las basuras generadas son tratadas.

Ya desde la Directrices de Ordenación General, aprobadas en abril del año 2003, se señalan una serie de objetivos prioritarios en este ámbito, que compartimos: reducir la producción de residuos; incrementar su reutilización y reciclaje; minimizar los rechazos destinados a vertederos; maximizar su valorización; asegurar el adecuado tratamiento de los diferentes tipos de residuos que se producen en las islas; establecer los requerimientos territoriales de las distintas instalaciones para la gestión de residuos; y hacer efectivo el principio de quien contamina, paga.

Nueva Canarias está convencida de que hace falta una nueva política preventiva y eficiente en la gestión de los residuos. En este sentido, apostamos por una gestión de los residuos basada en criterios de prevención, recogida selectiva así como recuperación y reciclaje.

Nos comprometemos a dar un impulso decidido a las políticas sostenibles de residuos que permitan disminuir la producción de residuos, aumentar la recogida selectiva con el fin de acercarnos a la media de la OCDE del 30% (dato que ya ha alcanzado Gran Canaria), así como impulsar la transformación de los actuales vertederos en modernos ecoparques. Impulsar junto a cabildos y ayuntamientos el reciclaje del 55% de los residuos urbanos en 2025, el 60% en 2030 y el 65% en 2035.

Desarrollando, asimismo, los Sistemas Integrados de Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, neumáticos, aceites y vehículos fuera de uso, con el fin de adaptarnos a la normativa europea y de responsabilizar a productores y distribuidores en la recogida y tratamiento adecuado de dichos residuos; impulsando el compostaje de materia orgánica en todo el Archipiélago; y promoviendo la realización de campañas de comunicación gubernamentales sobre residuos de manera más intensa.

Promocionaremos el ecodiseño en la industria como medio para reducir el consumo de recursos y prevenir la generación de residuos.

Además, planteamos unas medidas específicas a ejecutar en materia de gestión de residuos:

  • Implantación progresiva de un quinto contenedor (marrón) para la recogida de materia orgánica de forma selectiva y posibilitar la generación de un compost de calidad y aprovechable para la agricultura.
  • Creación de una red de plantas de compostaje en zonas agrícolas.
  • Impulsar la aprobación efectiva de leyes para reducir los embalajes en los bienes y productos de consumo; así como los productos desechables.
  • Aumentar el número de puntos limpios en las islas.
  • Fomentar la creación de campañas de educación y conciencia ambiental, en diferentes idiomas y dedicadas a todos los rangos de edad, así como garantizar su continuidad en el tiempo.
  • Apoyar y facilitar los trámites para la instalación en las islas de industrias relacionadas con el reciclaje de plástico, vidrio y papel y cartón, generando puestos de trabajo y logrando recuperar una cantidad mayor de materiales.
  • Endurecimiento de las sanciones por vertidos de escombros o basuras en el medio natural o fuera de los lugares habilitados para ello.
  • Crear medidas y protocolos específicos para facilitar el adecuado tratamiento de residuos peligrosos o de alto potencial contaminante (pilas, uralita, fitosanitarios...).
  • Ejecución de proyectos piloto de recogida puerta a puerta en zonas rurales, con los que se podría aumentar de forma notable el reciclaje de residuos.
  • Aumento de la sostenibilidad en la administración: digitalización progresiva de los trámites para reducir el uso de papel; uso de papel reciclado cuando sea necesario e instalación de contenedores de reciclado de papel en todas las administraciones y locales públicos en Canarias.
  • Incentivar fiscalmente el reciclaje de residuos, reduciendo las tasas de recogida a aquellos municipios que reciclen un mayor porcentaje de materiales.

AGUAS

En Nueva Canarias continuamos apostando por recuperar nuestra cultura del agua, un bien escaso y, a la vez, frágil. La gestión integral del agua es un problema que debe abordarse desde las administraciones pero también implicando a la sociedad, por lo que es necesaria la sensibilización y la concienciación de todas las personas a la hora de hacer uso de ella para evitar dilapidarla.

Las claves de nuestra política sobre el agua pasan por el ahorro, la desalinización mediante renovables, el tratamiento de aguas residuales, la reutilización y la recuperación de nuestros mermados acuíferos.

Esto obliga a que el uso del agua haya de ser optimizado. Es imprescindible realizar una gestión eficiente, mediante la introducción de técnicas de ahorro de agua y de fomento de la reutilización planificada del recurso.

Proponemos fomentar el uso de las mejoras tecnológicas que permiten ahorros significativos (dispositivos de fontanería ahorradores, sistemas eficientes de riego, etc.) a nivel doméstico, en la agricultura, en el sector servicios y en el industrial. Y establecer medidas de mejora y control de las canalizaciones que eviten pérdidas y mermas.

En ese sentido, hay que incentivar a los ayuntamientos para establecer, en los municipios donde no existiera, una estructura de tarifas en función del uso y la cantidad consumida. Los consumos básicos pueden estar subvencionados, pero los derroches penalizados. Y generalizar lo más rápidamente posible medidas de ahorro en el consumo de agua en los edificios e instalaciones públicas.

Así como potenciar la sensibilización de la ciudadanía sobre el valor del agua y su coste ambiental, energético y económico; preservar los ecosistemas y paisajes asociados a la presencia del agua, manteniendo el caudal ecológico; y recuperar y mantener la buena calidad de las aguas, maximizar el empleo de las aguas residuales, convenientemente tratadas, e incentivar la articulación insular de las redes de reutilización de aguas. Así como estimular la promoción y gestión supramunicipal de las instalaciones de tratamiento de las aguas, mediante mancomunidades, consorcios o empresas insulares, como ya se hace, por ejemplo, en la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria.

Control de los vertidos al mar

Canarias padece un problema con relación a los vertidos de aguas sin depurar al litoral de las Islas. Una situación en la que ha influido el crecimiento en residentes y visitantes. Con consecuencias medioambientales y de salud, y que afectan, asimismo, a la imagen del turismo. La negligencia de muchas administraciones públicas y el desinterés de los Gobiernos de CC ha provocado que la Comisión Europea tenga abierto un expediente de multa por no haber impedido estos vertidos a pesar de las numerosas amonestaciones realizadas.

Nueva Canarias defendió en sus enmiendas a los Presupuestos canarios de los últimos años utilizar obligatoriamente una parte de los recursos del FDCAN a resolver este grave problema, pero el Gobierno, y los partidos que lo apoyaban, decidieron una distribución clientelar entre cabildos y ayuntamientos, donde éstos establecían las prioridades de sus inversiones.

Aunque algunos quieran olvidarlo, ya en las Directrices de Ordenación General, aprobadas por unanimidad del Parlamento en 2003, se establecía como prioritario el desarrollo de las infraestructuras de carácter ambiental para “el tratamiento de residuos, el saneamiento, la depuración y los vertidos” (directriz 25).

Además, en la directriz 31, se afirma que debe haber un plan de saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales. Señalando que deben fijarse unos plazos máximos para la construcción y entrada en funcionamiento de sus infraestructuras. Y destacando que las administraciones deben dedicar recursos precisos para que esto sea posible. Estableciendo las responsabilidades del Gobierno canario en el control de los vertidos y en la erradicación de vertidos al mar de aguas sin depurar.

Nueva Canarias priorizará las inversiones necesarias para resolver este problema. Además, desde el Gobierno trabajará en coordinación con el resto de las administraciones públicas con competencias en materia de aguas para establecer soluciones locales para controlar los vertidos al mar, estableciendo las instalaciones necesarias para depurar estas aguas y se permita la máxima reutilización de las mismas poniéndola a disposición de los productores agrarios para su uso a precios reducidos.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

Nueva Canarias consiguió un impulso decisivo en la mejora de la conectividad entre las islas y con el resto del Estado. En la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y 2018 se logró aumentar del 50% al 75% el descuento en los viajes marítimos y aéreos interinsulares y también en los desplazamientos desde Canarias hacia las otras comunidades autónomas del Estado, facilitando enormemente la movilidad de los canarios y las canarias. Además también conquistó que este incremento se consolidase en el artículo 6 del nuevo REF y que se pudieran establecer precios máximos de referencia en aquellas rutas que se declarasen Obligaciones de Servicio Público, con la finalidad de evitar posible abusos de las compañías aéreas, tal como si existe para los trayectos interinsulares.

Además, también conseguimos aumentar al 100% la subvención al coste del transporte de mercancías interinsulares y entre Canarias y el resto del Estado. Una medida de enorme importancia para fortalecer un mercado archipiélagico para nuestros productos industriales y agropecuarios y para exportar productos de nuestro sector primario fuera de Canarias. Incorporando también este avance en el artículo 7 del nuevo REF.

Sin embargo, existen graves problemas de movilidad en el interior de las islas y además con un coste medioambiental muy elevado. La mayor parte de los traslados se realizan en vehículos privados de forma que el parque móvil de Canarias está por encima de 1,7 millones de vehículos a motor. Hay que recordar que las dos principales causas de la producción de gases de efecto invernadero (GEI) es la obtención de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles y la contaminación de los vehículos a motor que también queman este tipos de combustibles.

Hasta ahora los problemas de congestión en las carreteras (atascos), especialmente en la entradas a las áreas urbanas y turísticas, se han pretendido resolver aumentando los carriles de las vías existentes o creando nuevos viarios. Pero ha llegado el momento de cambiar de paradigma si queremos comprometernos decididamente en la lucha contra el cambio climático y queremos evitar la creciente ocupación de suelo que suponen los nuevos viarios.

La problemática de los atascos se ha agravado por la falta de planificación y gestión por el Gobierno de CC de las carreteras previstas, así como su baja ejecución presupuestaria. El caso de Tenerife es especialmente sangrante por los atascos en la TF-5 (acceso a Santa Cruz-La Laguna) y en la TF-1 (acceso a Arona). Tras lustros con esta situación de graves atascos, el Gobierno canario acaba de anunciar ¡la licitación de la elaboración de los proyectos del carril BUS-VAO y del tercer carril en la TF-5! Y porque hay elecciones...

Defendemos una política de movilidad sustentada en una adecuada planificación territorial de los viarios, la mejora y potenciación del transporte público y el fomento de la utilización de vehículos sostenibles.

Para ello proponemos las siguientes medidas:

  • Incentivar que los cabildos elaboren, en el marco de la planificación insular, Planes de Transporte de la isla, de forma que la red viaria se integre en el sistema intermodal de transporte definido y, en su caso, reserve suelo para las líneas de transporte colectivo.
  • La política de carreteras debe priorizar el aprovechamiento de las ya existentes frente a nuevos viarios, así como finalizar los viarios ya iniciados. Se fomentará también el uso específico de viarios sólo para el transporte público o para vehículos de alta ocupación (que lleven más de un pasajero).
  • Se impulsarán medidas dirigidas a la mejora, potenciación y abaratamiento del transporte público y a favorecer la adquisición y la utilización de vehículos sostenibles, a través de una adecuada política de incentivos fiscales y/o ayudas.
  • Priorizaremos los proyectos de infraestructuras que generalicen los modos de transporte con menos emisiones de gases de efecto invernadero (GEI): guaguas eléctricas e híbridas de alta capacidad, transporte guiado y vehículos eléctricos.
  • Se impulsará junto a los cabildos insulares el establecimiento de una Red Canaria de Cargadores para Vehículos Eléctricos.
  • Se promoverá en la renovación de la flota de vehículos del Gobierno canario, así como del resto de administraciones, su sustitución por vehículos eléctricos.
  • Se apoyará en la renovación de los vehículos dedicados al trasporte de mercancías la adquisición de otros menos contaminantes.
  • Se fomentará, en colaboración con las corporaciones locales, el uso de la bicicleta para los desplazamientos en las zonas urbanas, incluyendo la puesta en marcha de carriles específicos para ello.
  • Se defenderá la conveniencia de tender a modelos urbanísticos sostenibles que favorezcan la concentración de las actividades de vivienda, ocio y trabajo en el tejido urbano, desarrollando ciudades compactas que disminuyan las necesidades de desplazamiento de la población y reduzcan el uso del automóvil.

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Una pieza clave para el desarrollo sostenible de nuestro Archipiélago es la forma en que deseamos ocupar y preservar nuestro territorio. La fragilidad de los sistemas insulares nos obliga a ser responsables y no hipotecar el bienestar de las generaciones futuras. Además las políticas de mitigación del cambio climático afectan a nuestro territorio y a la forma en que se distribuyen en él las distintas actividades.

Por eso es transcendental apostar por un modelo territorial ordenado donde los distintos instrumentos de planificación (autonómicos, insulares y municipales) planifiquen los diferentes usos del territorio a nivel de isla y de municipio, distribuyéndose las actividades residenciales y económicas sobre los espacios ordenados para ello.

Este modelo territorial debe apostar por la conservación de los recursos naturales y de los suelos de interés agrario, litorales y de valor paisajístico, considerándolos como recursos estratégicos para el desarrollo económico, la cohesión social y para nuestra identidad como pueblo. En cuanto al urbanismo en las ciudades, debe promover el ahorro en el consumo de suelo y la reutilización del suelo urbanizado, impidiendo la extensión y la dispersión residencial y desarrollando políticas activas de suelo y vivienda. Y en relación al modelo de ordenación de la actividad turística debe limitar la extensión del suelo clasificado como urbanizable, reutilizando de forma eficiente el suelo ya ocupado o transformado, apoyándose fundamentalmente en la renovación de la oferta existente y en la rehabilitación del espacio urbano turístico para mejorar la calidad de las “ciudades” turísticas.

Este modelo territorial sostenible está recogido en las Directrices de Ordenación General, aprobadas por unanimidad del Parlamento en abril de 2003 y derogadas por el Gobierno de CC en la legislatura que acaba de finalizar.

En efecto, en la legislatura que finaliza se ha realizado una involución en la legislación relacionada con la ordenación del territorio con la aprobación, sin consenso y sólo con el apoyo de las fuerzas del bloque conservador (CC, PP y ASG), de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias que dinamita un sistema legislativo territorial, fruto de amplios consensos, que ha funcionado razonablemente bien desde la creación del Comunidad Autónoma.

Además, también se ha modificado por cuatro veces la Ley 6/2002 sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, la última vez, el pasado mes de marzo, aprobando un nuevo texto legislativo, sólo con los votos de CC, PP y ASG. Todas estas modificaciones en la conocida como “Ley de las Islas Verdes” se encaminan a reducir las competencias de los instrumentos de planeamiento, a los que se considera un estorbo, la causa de los problemas de estas islas, el enemigo a batir.

A pesar del nombre genérico de esta nueva Ley, realmente sólo se ocupa de facilitar la construcción de todo tipo alojamientos turísticos en suelo rústico. Ya sean viviendas vacacionales o establecimientos hasta 200 camas. O instalaciones sin ningún límite de camas ni tipología a través de los llamados “instrumentos de planificación singular turística” que aprueban los cabildos.

La nueva norma prohíbe que los instrumentos de ordenación puedan imponer limitaciones cuantitativas y cualitativas a las instalaciones turísticas en suelo rústico (artículo 13). Y se establece como “uso ordinario del suelo rústico” los alojamientos turísticos de hasta 200 camas. Ahora resulta que es tan “uso ordinario” del suelo rústico la producción de plátanos, piña tropical o el pastoreo como hacer hoteles ¡hasta 200 camas!

Todos estos cambios se han realizado incumpliendo la propia Ley 6/2002, que establecía que se harían informes cada dos años “en el que se evaluarían las medidas desarrolladas, sus efectos económicos y sociales y sus efectos ambientales y territoriales que acompañará, en su caso, de una propuesta de modificación de la norma”. Y ninguna de las modificaciones realizadas por el Parlamento se corresponde con ninguno de estos Informes evaluatorios porque ninguno se ha presentado. Y, por eso, se está actuando sin orientación y planteando cada vez más desregulaciones, a falta de ninguna valoración objetiva del funcionamiento de la Ley.

SOBRE LA LEY 4/2017 DEL SUELO Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS

Como se ha señalado esta Ley acaba con una legislación territorial, nacida de amplios consensos desde la creación de la comunidad autónoma y que respondía a la necesidad de garantizar la cohesión territorial y social de las islas como adecuado contrapeso a su fragmentación natural y a las asimetrías entre los municipios. Y que tenía como eje vertebrador el planeamiento insular, pues es la isla el territorio donde se desarrollan todas las actividades residenciales y económicas que deben ser planificadas en un modelo territorial equilibrado, racional y sostenible.

La Ley del Suelo renuncia al proyecto común de Canarias, estableciendo un radical cambio en la distribución de competencias para la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento, que queda en manos de las administraciones locales, cabildos y ayuntamientos.

Nueva Canarias está en contra de esta nueva distribución competencial y de la concepción disgregadora de Canarias a la que conduce. Partiendo de una decisión exclusivamente política, que nada tiene que ver con los problemas que pretende resolver, la Ley implanta un escenario competencial marcadamente municipalista, que además no tiene parangón, con ese alcance, en ninguna otra comunidad autónoma.

No podemos desarticular Canarias en 88 planeamientos inconexos que rompan la necesaria coordinación general. Ni en 7 planeamientos insulares que no reconozcan la realidad política, económica y medioambiental del archipiélago.

La Ley renuncia a que la Comunidad Autónoma ejerza el gobierno y el control del territorio a través de cuatro vías fundamentales:

  • La derogación de las Directrices de Ordenación General.
  • Eliminando la capacidad del órgano ambiental de carácter autonómico para aprobar la evaluación ambiental de los planes municipales y de los planes insulares.
  • Atribuyendo la potestad de aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento del ámbito local a los cabildos y a los municipios.
  • Limitando la capacidad del planeamiento insular para determinar el modelo de isla en aplicación del denominado “principio de contención”.
  • Suprimiendo cualquier informe vinculante respecto a la legalidad de la ordenación, tanto el autonómico como el insular, en el procedimiento de aprobación del planeamiento municipal, y suprimiendo igualmente, el informe de legalidad en la aprobación de los planes insulares.

La Ley deja la potestad a cada administración local para la creación de su propio órgano ambiental encomendado de tramitar el procedimiento de evaluación ambiental del instrumento de ordenación de su ámbito (municipal o insular). Según la ley se podrían crear hasta 95 órganos ambientales (de los 88 ayuntamientos y los siete cabildos), sustituyendo el papel que hasta ahora desarrollaba la COTMAC. Cuando además la mayor parte de los ayuntamientos apenas tiene capacitación técnica ni económica para asumir esta función.

Pero lo más grave en nuestra opinión es que la Ley del Suelo se aleja del principio de que todas las actuaciones sobre el territorio deben sustentarse en la planificación existente. Como reiteradamente ha señalado el Consejo Consultivo de Canarias al dictaminar sobre la legislación territorial “el principio de la planificación previa constituye uno de los principales ejes vertebradores del Derecho urbanístico”.

Sin embargo, la nueva Ley entiende al planeamiento como un “problema”, que dificulta la ejecución de cualquier proyecto, en lugar de la garantía de que ese proyecto sea coherente con la ordenación y usos que se han considerado deseables por las administraciones públicas en defensa del interés general.
Eliminando la capacidad del órgano ambiental de carácter autonómico para aprobar la evaluación ambiental de los planes municipales y de los planes insulares.

Esta Ley sustituye el “urbanismo de plan” de nuestra legislación anterior por el “urbanismo de proyecto”. Lo hace introduciendo una serie de nuevos instrumentos que permiten saltarse el planeamiento, fundamentalmente los denominados “proyectos de interés autonómico o insular” y las “ordenanzas provisionales insulares y municipales”.

A pesar de toda la campaña que hizo el Gobierno de CC de que la Ley del Suelo permitiría inversiones millonarias, crearía cientos de miles de puestos de trabajo y agilizaría el planeamiento, lo cierto es que nada de esto se ha producido. Por el contrario, tras 20 meses de vigencia la parálisis del planeamiento es mayor que antes: no se ha aprobado ni un solo plan nuevo. Apenas dos cabildos han creado sus órganos ambientales. La incertidumbre en los ayuntamientos es enorme. La parálisis del planeamiento es total, como ha denunciado entre otros, el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife, pero esto apenas se destaca en las noticias.

PACTO POR EL TERRITORIO. MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL SUELO

La protección de nuestro territorio, de los recursos naturales y de la biodiversidad canaria es imprescindible para el desarrollo sostenible de nuestro Archipiélago. Las personas que hoy vivimos en Canarias no somos los dueños del territorio insular sino custodios del mismo en nombre de las generaciones futuras. En este sentido Nueva Canarias propone un nuevo Pacto por el Territorio que permita volver a la senda del consenso y, si es posible de la unanimidad parlamentaria, en la reforma de las leyes territoriales en vigor, como se hizo en su momento con la Ley de Espacios Naturales, la Ley de Ordenación del Territorio y la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias.

Es necesario que, buscando el consenso, se acometa una profunda revisión de la Ley 4/2017 del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que debe ir encaminada a:

  • Recuperar las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de ordenación del territorio, urbanística y de los recursos naturales, con la preponderancia del órgano ambiental autonómico a la hora de realizar la evaluación ambiental estratégica de los planes territoriales y urbanísticos. Y disponiendo la CAC de un instrumento de ordenación territorial y de los recursos naturales de carácter suprainsular, como eran las Directrices de Ordenación General aprobadas en el año 2013 y derogadas por la Ley del Suelo sin haber sustituidas por otra normativa de ámbito canario similar.
  • Recobrar el poder de planificación de los cabildos para ordenar el modelo de isla que se desea. El planeamiento insular debe ser el instrumento fundamental de la ordenación del territorio y de los recursos naturales de cada isla, incluyendo la planificación de la actividad turística.
  • Reafirmar la necesidad del planeamiento para las actuaciones sobre el territorio frente a la intervención a través de proyectos concretos de interés insular o autonómico que legitiman el nuevo modelo de urbanismo de proyecto por el que se ha optado.

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SERVICIOS PÚBLICOS

Constituyen uno de los elementos esenciales de la distribución de la riqueza y de la equidad social. Unos buenos servicios públicos -educación, sanidad, dependencia...- influyen directamente en la calidad de vida de la gente, aumentan las oportunidades al margen del origen social o la situación económica.

Las políticas de austeridad y recortes les hicieron un enorme daño, del que no se han recuperado, al reducir sus presupuestos y su personal, impidiendo la imprescindible actualización de sus infraestructuras o la incorporación de nuevos desarrollos tecnológicos.

Los servicios públicos precisan de una financiación adecuada a través de un modelo fiscal justo y progresivo, donde paguen más las rentas más altas y donde se persiga contundentemente el fraude que tanto daña al conjunto de la sociedad.

Sanidad

El Barómetro Sanitario 2017, que elabora el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España con más de 7.000 encuestas en el conjunto del Estado, confirma que la única Comunidad en la que la Sanidad es considerada el principal problema, por encima del desempleo, es Canarias. Aparece como principal preocupación para el 34,39% en el caso canario frente al 26,6% estatal.

Hay que trabajar por la disminución de las listas de espera sanitarias mediante un programa permanente que posibilite incrementar la actividad asistencial. Y lo que es más importante bajar los tiempos de espera de las y los pacientes. Nos comprometemos a reducir un 50% los tiempos de espera tanto para intervenciones quirúrgicas, para especialidades médicas y para la realización de pruebas complementarias en la próxima legislatura. Para colocarnos, como mínimo, en los parámetros medios estatales de los que hoy estamos alejados.

Estableciendo, además, un programa especial de actuación para pacientes complejos – afectados por escoliosis, por obesidad mórbida...-, que tienen problemas graves de salud y larga permanencia en las listas de espera y que requieren de operaciones de larga duración y alto costo.

Reorientando los servicios sanitarios ante las nuevas patologías asociadas a una mayor longevidad (en poco más de una década las personas mayores serán el 26% de la población). Haciendo más partícipes a pacientes y familias del sistema sanitario. Impulsando decididamente la atención domiciliaria aprovechando, además, el aporte de las nuevas tecnologías. Integrando la atención primaria y la especializada. Potenciando los servicios sociales y rompiendo con la desconexión entre estos y el sistema sanitario.

Hay que reducir la saturación de las urgencias hospitalarias. Para ello es esencial mejorar la atención prehospitalaria. Fundamentalmente, dando un papel más relevante a la Atención Primaria, dotando a los Centros de Salud de más profesionales, médicos y de enfermería, con más y mejor tecnología (radiología, pruebas analíticas, etc.), lo que contribuiría a reducir las masificaciones en las urgencias hospitalarias.

Planteamos, asimismo, dimensionar adecuadamente las plantillas profesionales, hoy claramente insuficientes, mejorar el transporte sanitario y atender las infraestructuras pendientes en distintos territorios.

Defendemos la recuperación de los derechos laborales perdidos durante la crisis económica. Abordando, entre otros asuntos, la reorganización de la jornada laboral, la carrera profesional, el régimen de incompatibilidades, la equiparación de las ratios de profesionales a las medias del Sistema Nacional de Salud y un plan de formación continua del personal del SCS.

Reclamamos la puesta en marcha del III Plan de Salud de Canarias, garantizando su correcta implantación, seguimiento, evaluación y financiación. Y, en especial, implementando los planes de Cuidados Paliativos, Salud Mental, Cronicidad y de Control de la Diabetes, con gran prevalencia en Canarias y asociada a otras muchas enfermedades.

Promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las personas: puesta en marcha en el Servicio Canario de Salud de un Programa de Orientación, Atención y Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva, común a todas las áreas sanitarias y centros dependientes del Servicio Canario de la Salud, y desarrollo de campañas que informen, refuercen valores, permitan avanzar en el respeto a la diversidad de formas de vivir la sexualidad y el hecho sexual humano, y también en el respeto a la diversidad de opciones y comportamientos ante un embarazo no planificado.

Acceso de la población a todos los métodos anticonceptivos, en condiciones de igualdad.

Evaluación de la situación y protocolos establecidos, y adopción de medidas que permitan la mejora del ejercicio del derecho a la IVE (interrupción voluntaria del embarazo) con carácter universal y gratuito en los hospitales públicos de Canarias.

Desarrollo de programas, servicios, campañas y/o actividades de información, prevención y sensibilización sobre los métodos anticonceptivos, las infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/SIDA, de forma continuada.

Garantizar un buen servicio público sanitario implica, asimismo, un conjunto de acciones destinadas a su suficiencia presupuestaria. Recientemente se han perdido varias oportunidades para dotar mejor a nuestra sanidad: al no aprovechar parte del FDCAN y, asimismo, no dotar suficientemente a la Sanidad en las cuentas públicas de los últimos años, mientras se hacían rebajas fiscales irresponsables que detraían 275 millones de estas.

En este sentido, nos comprometemos a incrementar el gasto sanitario público en 1 punto del PIB (en torno a 450 millones de euros) a lo largo de la legislatura, teniendo en cuenta que en la actualidad supone el 6,5% de nuestro PIB

Educación

El desarrollo económico de un pueblo viene determinado por su modelo educativo, pero también el desarrollo humano y social. Pero la educación es, asimismo, pieza indispensable en el avance hacia una sociedad más justa e igualitaria, en la consolidación de los valores democráticos, en la eliminación de las barreras en función del género y en la victoria frente a la violencia machista.

Somos favorables a que, en el ámbito estatal, se alcance un gran Pacto Político y Social por la Educación y que las grandes decisiones sobre el sistema educativo se tomen tras un gran debate en el que participen los grupos parlamentarios, las comunidades autdel profesorado, las AMPAsias y el alumnado.idades, as comunidades autma educativa se llevan a cabo con un gran debateollo de loónomas. los expertos educativos, las universidades, las organizaciones del profesorado, las AMPAs y el alumnado.

Exigimos el desarrollo de todos los contenidos transformadores establecidos en el texto de la Ley Canaria de Educación no Universitaria de 2014. Incluyendo su compromiso de alcanzar un 5% del PIB en materia educativa en el año 2022, sistemáticamente incumplido por el Gobierno de Canarias, con un 3,6% en las cuentas públicas para 2019, al no ir avanzando progresivamente en el peso de la Educación en los Presupuestos de la Comunidad Canaria, lo que dificulta la meta establecida para 2022.

La mejora del sistema educativo merece todos los esfuerzos. Abordando la extensión de la educación infantil 0-3 años, no como negocio sino como servicio público. Una etapa educativa no obligatoria pero que es esencial para la conciliación entre la vida laboral y familiar, para la detección de problemas de aprendizaje y para la superación de las desigualdades sociales; y en la que nos encontramos claramente a la cola de las comunidades autónomas.

Por ello debemos insistir en:

  • La defensa prioritaria de una educación pública canaria de calidad.
  • La mejora de la Formación Profesional, vinculándola más estrechamente a nuestro sistema productivo.
  • Ser más ambiciosos en la enseñanza de idiomas, así como en la atención a la diversidad.
  • Incrementar las actuales plantillas docentes, aumentando el personal especialista y de apoyo, y reduciendo las ratios.
  • Dignificar la labor docente. Apostando por una educación inclusiva, de calidad y que forme futuros profesionales sin olvidar los fundamentales valores democráticos.
  • Aunque el sistema educativo constituye uno de los espacios en los que la igualdad se practica de forma más explícita que en otros ámbitos de la vida social, aún se requiere una línea de reforzamiento en los contenidos curriculares que permitan avanzar en la transformación de los estereotipos de género y en el reconocimiento de la diversidad sexual en nuestra sociedad. Se promocionarán y dará carácter estable a los programas y la red de coeducación en los centros públicos canarios.
  • Se dará respaldo a la integración de la perspectiva de género en los planes de estudio de Formación Profesional superior, Grado y Posgrado universitarios, como criterios de garantía de la calidad de la docencia y la investigación superior en Canarias.
  • Garantizar la igualdad de oportunidades. Educando en igualdad entre hombres y mujeres para desterrar cualquier forma de discriminación y violencia, fomentando programas que faciliten el debilitamiento de los estereotipos asociados a los roles tradicionales de masculinidad y feminidad.
  • Consideramos, asimismo, que el sistema educativo canario debe jugar un papel relevante en la superación de la marginación del colectivo LGTBIQ+ y la prevención de comportamientos homófobos. Para ello, al tratar el ámbito afectivo y sexual, lo hará desde una concepción amplia que incluya las distintas identidades sexuales.
  • Mejorar y actualizar las infraestructuras, especialmente en aquellas zonas que siguen creciendo en población escolar. Acabando con los barracones en los que todavía son escolarizados muchos de nuestros alumnos y alumnas.
  • Desarrollar los contenidos canarios y generar las condiciones para que nuestro alumnado conozca mejor su historia, geografía y cultura.
  • Colaborar con nuestras dos universidades públicas para que sigan creciendo y superándose, y contribuyan cada vez más a la sociedad en que están insertas. Ofreciendo una formación adaptada a las necesidades de la sociedad canaria y con el máximo nivel de excelencia, garantizando la igualdad de oportunidades en su acceso y apostando por los programas de Investigación, desarrollo e Innovación. Incrementando la oferta de becas con el fin de facilitar el acceso a sectores de población con menos posibilidades económicas. Apostando por la contratación de profesorado estable y a tiempo completo.
  • Respecto a lo establecido en la Ley Canaria de Educación, exigiremos que en el programa del nuevo Gobierno incluya un plan de crecimiento progresivo en las cuentas públicas de los tres próximos ejercicios económicos para garantizar el 5% en 2022.
  • Todo ello precisa de recursos económicos, así como de una buena planificación y gestión. Y, así mismo, exige tener a la educación como una prioridad social y política, y ser plenamente conscientes del valor que esta tiene para superar los hándicaps de Canarias.

Justicia

La realidad actual es que las canarias y los canarios no tienen una buena imagen del poder judicial. Lentitud en la resolución de los expedientes y falta de comunicación son algunas de las razones explican una opinión no positiva de la Justicia. Sin embargo, es un servicio público fundamental y un derecho que tiene toda la ciudadanía a la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin q en ningún caso pueda producirse indefensión como recoge la Constitución.

Por ello, proponemos los siguientes objetivos prioritarios en materia de Justicia son:

  • Que Canarias asuma competencias en materia de justicia, que nos permitan gestionar eficientemente los recursos materiales y los medios humanos, organizándolos en función de la realidad canaria.
  • Contemplar el Capital Humano al servicio de la Administración de Justicia como uno de los ejes estratégico de las políticas públicas judiciales.
  • Reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal en Canarias.
  • Impulsar el paralizado Plan de Inversión en Infraestructuras Judiciales, que garantice la culminación de todas y casa una de las actuaciones previstas en el mismo (Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife, Edificio de Justicia de Puerto del Rosario,..), así como su implementación con nuevas necesidades originadas en los distintos partidos judiciales canarios.
  • Potenciar los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos, una vía alternativa más ágil y con menores costes que en la vía judicial, mediante una apuesta decidida por el arbitraje y por la mediación familiar.
  • Reforzar la Red de Puntos de Encuentro Familiar en todas las islas, de común acuerdo con los Cabildos, regulando y homogeneizando su funcionamiento y servicios.
  • Garantizar la sostenibilidad del servicio público de Asistencia Jurídica Gratuita y agilizar la retribución de las actuaciones profesionales a favor de quienes hayan obtenido el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita.
  • Financiar adecuadamente el mantenimiento de los Juzgados de Paz, como primer eslabón de la Justicia, por su cercanía a los ciudadanos y por la labor conciliadora, mediadora y de auxilio judicial que pueden desarrollar.
  • Mejorar la calidad de los servicios que dan soporte a la actividad judicial, fundamentalmente los relacionados con la medicina forense, los equipos técnicos psicosociales y los servicios periciales.
  • Redimensionar los de servicios de guardias 24 horas en los Institutos de Medicina Legal de Canarias, con el objetivo de adoptar medidas preventivas, en la asistencia a las víctimas de violencia de género, y que las autopsias se inicien con la celeridad que exige el descanso de los familiares del fallecido.

POLÍTICAS SOCIALES

La sostenibilidad del sistema de pensiones es un elemento esencial de un Estado Social. Garantizando unas pensiones dignas. Actualizándolas en función del coste de la vida. Reduciendo la actual brecha de género en las mismas, en torno al 29% por debajo de los hombres en las que se han jubilado en el período reciente. Tomando decisiones, como la financiación vía Presupuestos Generales del Estado, que eliminen incertidumbres y blinden su presente y futuro.

Ofreciendo una atención sociosanitaria adecuada, dando respuestas a una sociedad que envejece, a unas personas que merecen el reconocimiento y el respeto del conjunto de la sociedad canaria.

Superando los actuales déficits en la aplicación de la Ley de la Dependencia, que nos sitúan en la cola de las comunidades autónomas, y que suponen incumplir un derecho de ciudadanía, que daña a las personas afectadas y que hace que los cuidados de los dependientes recaigan sobre los familiares, fundamentalmente las mujeres.

Eliminando las barreras físicas y mentales que continúan impidiendo la plena integración social, educativa y laboral de las personas con diversidad funcional.

Combatiendo la elevada pobreza y exclusión social que padece nuestra tierra. Poniendo en marcha la Renta Básica de Ciudadanía que reconoce nuestro recién renovado Estatuto de Autonomía.

Renta de Ciudadanía para combatir la pobreza

Canarias lidera las cifras de pobreza y exclusión social del conjunto del Estado español. Frente a la inacción que hemos vivido en los últimos años por parte del Gobierno de Canarias, Nueva Canarias impulsará la implantación de la Renta Canaria de Ciudadanía. Se dirige a personas o unidades de convivencia que no cuenten con los ingresos mínimos imprescindibles para vivir con un mínimo de dignidad y calidad de vida, que les permita satisfacer las necesidades básicas: personas en situación de desempleo sin ingresos, perceptoras de pensiones no contributivas o de viudedad, mujeres víctimas de violencia de género, e incluso trabajadores precarios con ingresos que no alcancen determinados umbrales.

Con el horizonte preferente del empleo como mejor fórmula de inclusión, pero consciente de que este no es posible en todos los casos. Por tanto, estará condicionada a programas para la inserción laboral o inclusión social, cuando fuere necesario. Y, fuera del mercado laboral, a los pensionistas empobrecidos, especialmente los que cobran pensiones no contributivas (unas 43.000 personas en el Archipiélago, que perciben en torno a los 350 euros mensuales) y las mujeres, que, por distintas razones, tienen pensiones por debajo de las de los hombres. Tiene un carácter complementario. Es evaluable, para evitar fraudes. Y compatible con otras prestaciones.

Proponemos que, a partir de su entrada en vigor, la ley se despliegue de forma progresiva en tres años, estimando al final del proceso atender a unas 60.000 unidades de convivencia, frente a las 11.000 personas actuales de la Prestación Canaria de Inserción (PCI). El planteamiento es que ninguna persona tenga ingresos por debajo de los 600 euros en las Islas, que podrían llegar hasta los 812 euros, en función del número de miembros de la unidad familiar.

La inversión total destinada a esta importante política para combatir la pobreza sería de 300 millones de euros tras su total implantación, que son perfectamente sustentables con los 57 millones de euros anuales de la actual PCI, y rescatando las irresponsables rebajas fiscales del Gobierno canario (en torno a 200 millones), así como con recursos del Servicio Canario de Empleo, los servicios sociales y los presupuestos estatales.

Estamos convencidos de que una sociedad justa y democrática no puede dejar desamparada a una parte de su población. Hay que redistribuir mejor la riqueza que se crea en nuestra tierra. Hay que actuar para dignificar la vida de quienes hoy peor lo pasan. Hay que generar más y mejor empleo y, al mismo tiempo, establecer medidas, como la renta básica de ciudadanía, que posibiliten una vida digna a desempleados, trabajadores y trabajadoras pobres, pensionistas con ingresos raquíticos o mujeres víctimas de la violencia de género.

Dependencia

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, fue uno de los avances más importantes en materia social de las últimas décadas. Pero al mismo tiempo, es un claro ejemplo de que a pesar de las leyes, la voluntad política y la capacidad para gestionar es tan importante o más a la hora de convertir en realidad las mismas. Y Canarias vuelve a ser un exponente claro de mala gestión que nos sitúa a la cola del Sistema de Dependencia de toda España.

Más de 27.000 personas siguen esperando que se tramite su solicitud, con cifras escandalosas y vergonzantes en los tiempos de espera, que se sitúa en una media de 9 meses y cinco días, para obtener el grado de dependencia y de 3 años desde la solicitud de iniciación del procedimiento, hasta la obtención de la resolución por la que se aprueba su Programa Individual de Atención.

Pero más grave aún es comprobar que casi 9.000 personas con el derecho ya reconocido, no reciben la prestación que les corresponde.

Esta situación tiene y debe de ser revertida de manera inmediata. No olvidemos que hablamos de un derecho subjetivo de la persona y por tanto de obligado cumplimiento. Es imprescindible multiplicar los recursos económicos y humanos necesarios, así como adaptar normativa y protocolos de actuación y coordinación entre las distintas administraciones, para que se agilice de manera inmediata. Hablamos de gente con una especial vulnerabilidad y por tanto, la atención, el esfuerzo y la dedicación que se merecen debe ser absoluta.

Desde Nueva Canarias situaremos la actuación en el Sistema de Dependencia como una de nuestras grandes prioridades. Eliminaremos las listas de espera conocidas como el “limbo de la dependencia”, para que toda persona con su derecho reconocido acceda a él de manera inmediata.

Asimismo, reduciremos progresivamente el tiempo de espera entre la presentación de la solicitud y el acceso a la prestación, hasta situarla en tres meses al final de la legislatura. Inicialmente situándolas en los seis meses establecidos en la normativa estatal. A partir de ahí, este plazo se reducirá de manera progresiva de tal forma que las solicitudes presentadas a partir del 1 de enero de 2021, tendrá respuesta a partir de los cinco meses. Las que se presenten a partir del 1 de enero de 2022, tendrán efecto a los 4 meses y las que se presenten desde el 1 de enero de 2023, las obtendrán a partir de los 3 meses.

Son compromisos ambiciosos, pero perfectamente posibles y realizables, otros territorios ya lo hicieron con anterioridad.

Vivienda

Una de las imágenes más dolorosas e inhumanas de la crisis económica fue la de los desahucios. Miles de familias de las Islas perdieron sus casas por no poder afrontar el pago de sus hipotecas. Ahora la historia se repite, pero más centrada en los alquileres que, por el importante crecimiento de sus precios, no son abordables por muchas personas, aunque tengan empleo. Además, en nuestra tierra hay mucha gente sin capacidad adquisitiva para acceder a las viviendas que el mercado ofrece.

Llevamos más de una década sin políticas públicas en este ámbito que tanto afecta a la vida de la gente. La situación se agrava con el crecimiento de la oferta de alquiler vacacional en muchas zonas de Canarias, que está impactando negativamente en el alquiler residencial, restringiendo de manera relevante el número de viviendas en este mercado y elevando notablemente los precios.

Ante estas circunstancias, que afectan negativamente a tantos ciudadanos y ciudadanas, las administraciones públicas no pueden mirar para otro lado. Están obligadas a intervenir y plantear soluciones viables y urgentes.

Estamos hablando de un derecho. Reconocido en el artículo 47 de la Constitución señala que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Lo que, vista la realidad, podría parecer ciencia ficción. También figura como tal en el artículo 22 del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias: “Los poderes públicos canarios deberán garantizar el derecho de todas las personas a una vivienda digna y regular su función social, mediante un sistema de promoción pública, en condiciones de igualdad y en los términos que establezcan las leyes, poniendo especial atención sobre aquellos colectivos sociales más vulnerables. Se regulará el uso del suelo de acuerdo con el interés general para evitar la especulación”.

Canarias tiene plenas competencias en materia de vivienda. Pero su Gobierno no ha hecho nada. Una parte del FDCAN debió dedicarse al impulso de la vivienda pública y no a temas de menor relevancia y de escaso impacto social.

Resulta imprescindible reforzar el sistema de ayudas para la vivienda (muy potente en muchos estados europeos, muy débil en España y en Canarias), mediante una financiación estable y permanente y centrada en el alquiler.

Asimismo, esta acción debe compaginarse con líneas de emergencia social destinadas a la población más vulnerable, a la que se encuentra en riesgo de ser expulsada de su vivienda por no poder afrontar el alquiler o en proceso de ejecución hipotecaria. Se requiere, en ese sentido, medidas que contemplen la situación de las mujeres víctimas de violencia de género, tal como se establece en la normativa vigente. Destacando, asimismo, la necesidad de ampliar el actual parque público de vivienda. Implementaremos un Plan que incluya, al menos, la puesta en marcha de 10.000 viviendas a lo largo de la próxima legislatura.

Inclusión social

El conjunto de las políticas debe tender, de manera transversal, a conseguir los mayores niveles de inclusión social. Tanto respecto a nuestras personas mayores como a las personas con discapacidad, término que reconoce la actual legislación o diversidad funcional, denominación que se ha ido abriendo paso en los últimos años- sea esta ortoarticular, visual, auditiva, neuromuscular, intelectual, etcétera.

Facilitando su presencia en adecuadas condiciones en el mundo del estudio y en el laboral (donde ha sido un colectivo duramente castigado por la crisis económica, duplicando su ya alta tasa de desempleo), así como su acceso a los edificios públicos y privados - suprimiendo cualquier tipo de barrera u obstáculo físico, psíquico o sensorial, desde el reconocimiento a la diversidad- y su movilidad. Garantizando, asimismo, su derecho al ocio.

Es preciso desarrollar programas de asistencia personal que permitan a estas personas, que suponen más del 5% de la población de las Islas, incrementar su autonomía personal y poder llevar a cabo una vida independiente y digna, preferiblemente con apoyos en su domicilio.

Así como desarrollar campañas de sensibilización y concienciación del conjunto de la sociedad, para superar prejuicios, promover el cumplimiento de sus derechos, transmitir una imagen normalizada y ayudar a construir una sociedad sin exclusiones.

Las administraciones públicas deben facilitar su integración laboral, cumpliendo con lo establecido con relación a las cuotas de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, pero también ofreciendo la formación adecuada que impulse su empleabilidad.

Vigilando, además, el cumplimiento de las normas de contratación en el mundo privado y colaborando en la adaptación de los locales de trabajo para que estos sean plenamente accesibles a personas con cualquier tipo de diversidad funcional.

Asimismo, las administraciones deben establecer las medidas necesarias para garantizar que las personas con discapacidad dispongan de las ayudas técnicas precisas y la asistencia humana que precisen para desarrollar sus tareas laborales.

Proponemos, igualmente, revisar los actuales incentivos a las empresas por la contratación de personas con diversidad funcional, elevando asimismo su actual representatividad en las administraciones y en las empresas públicas.

E incrementar los apoyos para la adaptación de viviendas -supresión de barreras en accesos y elementos comunes de los edificios, como pasillos o escaleras, pero también desarrollando actuaciones dirigidas a facilitar el conjunto de las actividades domésticas cotidianas-, mejorando su calidad de vida y facilitando la autonomía personal.

Superar la actual situación, en la que de encuentran con numerosas barreras físicas y mentales, implica cambios legales y en la conciencia de quienes dirigen las administraciones y del conjunto de la sociedad, así como actuaciones urbanísticas o en materia de transportes.

Para alcanzar los mismos derechos civiles, opciones y control sobre sus vidas que el resto de los ciudadanos y ciudadanas.

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REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL

El nuevo Estatuto ha posibilitado la reforma del sistema electoral vigente desde el comienzo del proceso autonómico, muy desequilibrado e injusto. Mejorando moderadamente la proporcionalidad, con la lista autonómica de nueve escaños, y reduciendo sensiblemente las barreras electorales, que pasan del 6% archipelágico y el 30% insular, al 4% y el 15% respectivamente; ganando, además, un diputado/a para Fuerteventura, que le correspondía por su crecimiento poblacional.

Nuestra propuesta era más ambiciosa, pero hicimos el mayor de los esfuerzos para alcanzar consensos entre la mayoría de las fuerzas políticas -solo CC se mantuvo al margen de estos- para dar un primer paso que posibilitara avanzar en democracia, pluralidad y representatividad.

Ahora corresponde al Parlamento de Canarias elaborar, en el plazo de tres años, es decir, en la próxima legislatura, una ley electoral propia, prevista en el artículo 39 del nuevo Estatuto de Autonomía para Canarias.

UN NACIONALISMO ACOGEDOR

Nuestro nacionalismo tiene rasgos muy definidos que hemos ido configurando a través de nuestra historia. Representamos un nacionalismo progresista, integrador y con voluntad mayoritaria y de gobierno. Un nacionalismo que quiere que el pueblo canario se convierta en protagonista de su presente y futuro, superando las limitaciones históricas de nuestra dependencia, subdesarrollo y desarraigo.

Con el protagonismo permanente de la ciudadanía y la capacidad inalienable de la sociedad canaria para decidir su forma de organización política en cada momento.

Planteamos un nacionalismo que analiza la realidad canaria y que trata de transformarla en beneficio de la mayoría social. Un nacionalismo que toma las decisiones desde aquí, algo impensable para las formaciones políticas estatalistas tradicionales y también, como se ha demostrado fehacientemente, para los hasta hace poco denominados partidos emergentes.

Nuestro nacionalismo se esfuerza para alcanzar las máximas cota de autogobierno, para tratar de lograr las mejores condiciones de vida en esta tierra.

Pero no nos conformamos solo con la asunción de más competencias, sino que exigimos su correcto desarrollo en las Islas. No vale el lamento permanente y echar todas las culpas a la ‘metrópoli’ cuando desde aquí se gestiona mal la sanidad o el territorio; o se desaprovechan las capacidades fiscales que tiene Canarias para incrementar los recursos destinados a este y otros servicios públicos y mejorar las infraestructuras. Cuando el conjunto de los servicios sociales han sido calificados de “irrelevantes”. Cuando los escasos recursos existentes no se destinan a las verdades necesidades de la gente, sino a actuaciones clientelares.

Nueva Canarias defiende una reforma del título VIII de la Constitución Española para consolidar un auténtico Estado federal asimétrico que reconozca la pluralidad nacional y posibilite el encaje de las distintas naciones y nacionalidades; así como la capacidad de las comunidades autónomas para decidir su relación con el Estado, junto al reconocimiento diáfano de las especificidades de comunidades como Canarias, especialmente los derechos económicos y fiscales de las Islas, y nuestras singularidades territoriales.

También la reforma del Senado y del sistema electoral, incorporando los referendos como forma normalizada de pulsar periódicamente el parecer de los ciudadanos sobre temas que les afecten.

Creemos en una Canarias sin mercantilismos ni dobles varas de medir que permiten a algunos oponerse a las prospecciones, cosa que compartimos, pero que luego también los lleva, con su Ley del Suelo, a eliminar los controles de legalidad, posibilitar todo tipo de actuaciones en suelo rústico o renunciar a la cohesión y a un proyecto común de Canarias, fraccionando el gobierno del territorio y el medio ambiente.

Seguiremos siendo defensores de la identidad canaria, de las tradiciones, del patrimonio, de la música popular, de los deportes autóctonos u otras expresiones construidas por los isleños con el paso de los tiempos, algunas fruto del mestizaje con otros pueblos y culturas. Pero comprometidos, también sin fisuras, con la variada creación artística y cultural de los canarios del siglo XXI, abiertos al mundo y a su diversidad.

El nacionalismo de Nueva Canarias valora y considera que el Estado debe jugar un importante papel en la economía, en la prevalencia del interés general y en la ordenación del propio sistema económico. Corresponde a este establecer una fiscalidad justa y progresiva, las leyes en el mundo laboral, garantizar los servicios públicos esenciales, las pensiones y la protección social del conjunto de la gente y, de manera especial, de desempleados y víctimas de la pobreza y de la exclusión social.

Coincidimos con lo señalado en el título VII de la Constitución, que subordina la riqueza del país al interés general y apunta que se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales. Y que señala que el Estado “podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución”.

Somos un territorio archipiélago y la construcción nacional pasa por la justa y equilibrada vinculación entre lo insular y lo nacional. Los recursos deben ser distribuidos solidariamente atendiendo a los problemas de todos los canarios, a los generados por las circunstancias territoriales y a los que provienen de situaciones socioeconómicas.

Hemos de adoptar políticas que ofrezcan un marco de máxima equidad, sabiendo responder a los problemas del transporte y dar respuesta a las necesidades en infraestructuras y el acceso a los servicios públicos que precisa cada isla, así como al paro, la pobreza y la marginación en los que tienen desafortunado protagonismo distintos barrios de nuestras ciudades más pobladas.

Profundamente democráticos, estamos convencidos de que la política debe ser más transparente y que la participación ciudadana no puede quedar limitada al sufragio en los distintos comicios. Hemos sido los más insistentes en la exigencia de un sistema electoral más justo y equilibrado, finalmente incorporado en la reforma estatutaria, que posibilita ganar en pluralidad y en una mejor representatividad de los hombres y mujeres de Canarias.

Defendemos una sociedad canaria plenamente inclusiva, que dé respuestas a la diversidad funcional en los más variados ámbitos: educativo, laboral, accesibilidad, ocio, etcétera, posibilitando una vida independiente y digna. Una sociedad que combata de manera radical el machismo y la violencia derivada del mismo, en la que las administraciones asuman un compromiso firme para erradicar esta lacra y conseguir la igualdad plena y efectiva.

Creemos, asimismo, que el nacionalismo canario exige un compromiso pleno con el territorio y el medio ambiente, desde un planteamiento identitario y de desarrollo sostenible. Pensando en el hoy y, también, en lo que tienen derecho a disfrutar los canarios y canarias del futuro: su tierra, su naturaleza, su biodiversidad.

Por eso, también defendemos un modelo turístico sostenible, que mejore la competitividad, más centrado en la calidad que en la cantidad, que potencie la renovación y evite más ocupación territorial, que crezca de forma planificada y atienda a la capacidad de carga, que sirva a los intereses propios de la población de las Islas.

Un nacionalismo acogedor con las personas provenientes de los más diversos lugares que aquí trabajan y se integran, que condena por completo el racismo y la xenofobia. Respetuoso con las distintas creencias religiosas, pero con una concepción laica de la sociedad. Solidario con otros pueblos del mundo, especialmente, por cercanía o por relaciones históricas, con los de África y América Latina.

Estos son algunos rasgos del nacionalismo progresista que defiende y practica Nueva Canarias. Que nos acercan y nos separan de otros nacionalismos. Que orientan nuestras actuaciones, dentro y fuera de las instituciones, y nuestra política de alianzas con otras organizaciones, nacionalistas o no, en Canarias y en el conjunto del Estado.

CANARIAS CON IDENTIDAD

Somos un pueblo con identidad propia. La que da nuestra ubicación en el mundo y nuestra historia. Nuestras especificidades económicas y sociales. Nuestro patrimonio cultural. Abiertos al mundo, pero decididos a reafirmar esa identidad colectiva, planteamos:

  • Preservar nuestro rico patrimonio arqueológico e histórico. Extender su valoración y conocimiento entre la población residente y entre quienes nos visitan.
  • Defender la importancia y el valor del habla canaria, del singular español que hablamos en Canarias.
  • Apoyar nuestros deportes y juegos autóctonos, así como a nuestra música y al conjunto de expresiones artísticas.
  • Impulsar las manifestaciones culturales de esta sociedad creativa, abierta, plural y acogedora.

CULTURA

El derecho de los y las canarias a acceder a los progresos intelectuales de la sociedad, a disponer de los beneficios materiales de sus producciones creativas y a participar activamente en el devenir cultural de la comunidad, deriva de la necesidad humana de expresarse y compartir simbólicamente valores y creencias. Es un derecho humano. Una condición para la vida digna. Es un derecho impostergable.

Los derechos culturales son la institucionalización de este impulso expresivo inherentemente humano y su materialización es responsabilidad de los poderes públicos democráticos. La política cultural debe garantizar la asignación de recursos suficientes para proveer mayores niveles de bienes y servicios culturales para una justa distribución de capacidades que asegure una ciudadanía protagonista de su vida cultural.

La labor cultural juega un papel muy importante para contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria. Por lo tanto, debe seguir desarrollándose integrando abiertamente la perspectiva de género, con acciones de visibilización de las producciones culturales y artísticas de las mujeres de las Islas en todos los géneros, tratando de generar incentivos que contemplen la perspectiva de género y criterios de equidad en la configuración de la oferta de actividades, exposiciones, ediciones, producciones audiovisuales, etc., que organice o patrocine el Gobierno. También haciendo un esfuerzo de rescate de las aportaciones de las mujeres a la cultura canaria a lo largo de la historia.

Los espacios de intercambio cultural se continúan ampliando. También se amplía, y aumenta su peso en el conjunto de intercambios mercantiles, el mercado de la cultura. Es un hecho sobradamente constatado que la competitividad de un territorio cada vez es más dependiente del modelo de gestión de su dimensión simbólica. La cultura es un vector inestimable para el desarrollo social y económico de nuestra tierra.

Estas tres consideraciones inspiran la propuesta de Nuevas Canarias: el desarrollo de una acción política que garantice los derechos culturales individuales y colectivos de las y los canarios de todas las islas, anclado en el reconocimiento de los Derechos Humanos, redistribuidor y generador de poder cultural ciudadano y activador de procesos de desarrollo que contribuyan a la superación de la crisis social, económica y política que padece Canarias.

DEPORTES

Canarias necesita dar un giro en sus políticas deportivas, dotándola de manera clara de las herramientas necesarias para combatir los preocupantes datos que relacionan el sedentarismo y otros hábitos poco saludables a un alto porcentaje de nuestra población joven y adulta. El deporte debe ampliar sus miras y avanzar, no sólo para mejorar el rendimiento y la competición, sino también para sumar cada vez a más personas que actualmente no tienen un estilo de vida activo y saludable.

Estamos hablando de un cambio de paradigma que sea capaz de revertir las políticas enfocadas tradicionalmente a la actividad reglada y enfocar nuestros esfuerzos al resto de la población que demanda orientación y ayuda para acceder a una práctica física segura y saludable, teniendo muy presente las medidas destinadas a facilitar a las personas con diversidad funcional la práctica de actividades deportivas.

En el ámbito legislativo, será un compromiso real para la próxima legislatura la consecución de la Ley de Regulación de las Profesiones Deportivas. Entre otras cuestiones, proponemos que se recoja la obligatoriedad de los graduados universitarios de estar colegiados para poder ejercer.

Planteamos un conjunto de acciones en el ámbito del deporte:

  • Impulsar programas para la prevención efectiva y el tratamiento mediante la integración de profesionales de la actividad física y el deporte en el sistema de salud. Dando prioridad al programa preventivo "Canarias receta Actividad Física", transversal entre diferentes instituciones, a través del cual se buscarán convenios con los Centros de Salud de las Islas, con el fin de que profesionales de la Actividad Física trabajen juntamente con el personal sanitario.
  • En una población que cada vez tendrá mayores índices de envejecimiento, debemos asegurar que se trate de un envejecimiento activo y autónomo que asegure la calidad de vida de nuestros mayores.
  • La prescripción de la actividad física como factor clave para la prevención de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, así como las relacionadas con el sedentarismo y la inactividad debe dirigir gran parte de nuestros esfuerzos.
  • Promover políticas inclusivas para aumentar la actividad entre las mujeres. Asimismo, condicionaremos los apoyos públicos a los premios deportivos, desde la garantía de igualdad de las cuantías con independencia del género.
  • Potenciación del deporte base entre los niños y niñas. Formación adecuada de sus monitores, técnicos y entrenadores.
  • La incorporación de la tercera hora de Educación Física en Primaria y Secundaria, para encaminar los hábitos de nuestros menores hacia la salud integral.
  • Crearemos las Escuelas de Salud en Movimiento, dirigidas a formar y orientar a los escolares con el objetivo de bajar las tasas de sobrepeso y obesidad.
  • Elaboraremos una Ley del Deporte en Edad Escolar, que posibilite una práctica deportiva, en la infancia y la adolescencia, que gire en torno a un eje educativo y al desarrollo de valores sociales y personales, favoreciendo el desarrollo de los patrones motores al tiempo que les posibilita convertirse en mejores ciudadanos.
  • Las Administraciones canarias deben potenciar el conocimiento y la práctica de nuestros Juegos y Deportes Tradicionales y Autóctonos, pues forman parte de nuestra tierra y de nuestra cultura, siendo mucho más que una práctica física.
  • Revitalizaremos las acciones de la Comisión de los Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Canarias, promoviendo la creación y la implementación de proyectos y actuaciones. Desarrollaremos las estrategias necesarias para ampliar el tejido social en torno a los juegos y deportes autóctonos y tradicionales, favoreciendo el asociacionismo y la consolidación de las entidades deportivas.
  • En referencia al turismo deportivo, éste ha demostrado también sus posibilidades con inversiones en los últimos años en algunas islas. Una buena planificación de eventos deportivos estatales e internaciones, así como inversiones estratégicas en instalaciones deportivas de primer nivel, son capaces de impulsar el sector deportivo desde la economía interna y de manera muy enérgica desde el turismo, siendo éste un valor añadido en el producto Canarias.
  • En conclusión, queremos que Canarias se coloque a la vanguardia del deporte, ya sea por sus triunfos a nivel deportivo, por la potenciación de su identidad mediante sus juegos y deportes propios, o por sus espacios naturales que debemos proteger y publicitar para el ocio activo y responsable; pero también queremos ponerla en los primeros puestos en la mejora de la calidad de vida de su ciudadanía mediante la práctica del ejercicio físico, y en la lucha contra la obesidad infantil de nuestros menores.

JUVENTUD

Nuestra juventud representa un sector de la población de vital importancia para logar la Canarias justa, solidaria, integradora y de futuro que queremos. Una población muy cualificada, con un alto nivel de percepción social y un fuerte arraigo de los principios y valores progresistas. Sin embargo, durante los años de crisis la población joven de nuestras islas ha sido duramente golpeada, y una vez más, con escasa o nula respuesta a nivel de políticas específicas por parte del Gobierno de Canarias.

No se trata de crear políticas exclusivas para los jóvenes. Las mismas deben de abordarse desde la transversalidad de cada una de las áreas y consejerías. Sus realidades, carencias, anhelos y aspiraciones son similares al resto de la población. Cierto que con algunas diferencias propias de la edad y el ciclo vital que les toca vivir, y desde esa perspectiva abordaremos las especificidades concretas que se adapten a su realidad.

Es de vital importancia establecer diferentes estrategias desde el ámbito formativo de la educación reglada y no reglada para educar en el cuidado y respeto al medio-ambiente y lucha contra el cambio climático, así como desarrollar ejes de actuación para reducir el empleo de residuos. Jóvenes de todo el mundo están siendo protagonistas en esa importante lucha contra el cambio climático, en el que nuestro planeta se juega ya no solo su futuro, también su presente.

Para ello, impulsaremos una Conferencia Global de Jóvenes de todo el planeta para luchar contra el Cambio Climático, convirtiendo a Canarias en epicentro de acciones y referente de la juventud de todo el mundo en esta materia.

Crearemos un organismo de voluntariado medioambiental desde el que se oferten cursos formativos, actividades, jornadas, información, cooperación con otras administraciones u organismos que trabajen en la misma línea, en definitiva, un ente que aporte a los jóvenes las herramientas y cauces necesarios que les permita liderar y desarrollar una militancia activa por el medio ambiente y la ecología.

La educación es sin duda el área más estratégica, en todas las etapas de la vida de cualquier persona, pero evidentemente, durante nuestra juventud es un factor determinante para la orientación futura, tanto desde el punto de vista cultural, social, como laboral. Para ello estableceremos medidas reales que conviertan la formación gratuita en todos lo niveles formativos en una realidad, favoreciendo el acceso a la educación media y superior a través de, becas, ayudas al trasporte, material o matrículas. Ningún joven de nuestra tierra dejará de estudiar por razones económicas, sociales o territoriales.

El empleo juvenil es una de las asignaturas pendientes en Canarias. Crearemos un programa específico de inserción laboral mixta, similar al modelo alemán, en la que la formación pública tenga convenios con el sector privado para acoger a jóvenes que terminen su periplo formativo, en paralelo al refuerzo de la FP dual. Asimismo, desarrollaremos medidas que permitan retornar a muchos de nuestros jóvenes que se encuentran en el exterior, expulsados ante la falta de un horizonte laboral en su propia tierra.

Impulso de proyectos continuados de asesoramiento, subvención y formación encaminadas a fomentar la emprendeduría de jóvenes en Canarias, a través de la localización de nuevos nichos y sectores de empleo.

Crearemos un novedoso programa que enlace a las administraciones públicas con recién titulados, para que sean contratados al menos durante un año. En muchas ocasiones la posibilidad de acceder al sector privado se ve cercenada por muchos jóvenes por la falta de experiencia, este programa permitirá la adquisición de esa experiencia que luego podrán exhibir en el ámbito privado para poder insertarse.

Redoblaremos las partidas y el asesoramiento para que la juventud canaria pueda participar de manera más amplia y activa en los diferentes programas de intercambio con el exterior.

Implementaremos líneas para la cooperación y la solidaridad tanto a nivel de las islas como a nivel internacional, creando un órgano para asesorar, aportar herramientas y seguridad jurídica a todos aquellos jóvenes interesados en participar en programas de cooperación internacional y solidaridad.

Estableceremos una política de vivienda joven en la que se faciliten alquileres e hipotecas a los jóvenes en las que se tengan en cuenta las circunstancias sociales, económicas y formativas que soportan, creando una red de viviendas compartidas accesibles y asequibles por todo el archipiélago para potenciar la independencia de los jóvenes y la eficiencia y ahorro por la cercanía física a posibles puestos de trabajo. Se debe incluir en esta línea la convivencia intergeneracional, creando un servicio orientado a asesorar y tramitar posibles alquileres para compartir viviendas entre personas mayores y jóvenes con necesidades habitacionales.

Por supuesto, la cultura, el deporte y el ocio son parámetros esenciales de la etapa juvenil. El acceso a los mismos, tanto desde la oferta de proximidad, como facilitando la movilidad entre islas para disfrutar de los mismos, así como la adecuación de los precios adaptados a su realidad económica, serán ejes fundamentales de nuestra política.

Todo ello desde la participación activa y real de la juventud en el diseño de sus políticas, acciones y actividades. Nunca desde una participación dirigida. Impulsando los distintos órganos de participación juvenil en todos los ámbitos, de manera especial reforzando los recursos destinados al Consejo de la Juventud de Canarias.

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

La Constitución, en su artículo 51, encomienda a los poderes públicos la defensa de los consumidores y sus legítimos intereses económicos. Y la nueva dimensión de los derechos humanos incorpora los derechos sociales, económicos y culturales.

Las políticas de consumo tienen dos retos: reaccionar de una vez a los graves abusos que vienen afrontando los consumidores de forma sistemática, y adaptarse a la nueva realidad crecientemente digital de las relaciones de consumo en la actual sociedad de la información.

Las medidas que proponemos son las siguientes:

  • - Garantizar los derechos de las personas consumidoras y usuarias. Con la creación de una Dirección General de Consumidores de Servicios Financieros dentro de la Consejería de Economía, como organismo competente para poner en marcha una serie de medidas anuales de control sobre las entidades financieras y su aplicación de derechos de los consumidores. Para impulsar la capacidad sancionadora respecto a los incumplimientos de las normas de protección del consumidor, esta Dirección General de Consumidores de Servicios Financieros mantendrá un estrecho contacto con las Asociaciones de Consumidores, a través de una Comisión de trabajo compuesta por representantes públicos y de las organizaciones más representativas de consumidores especialistas en esta materia.
  • Desarrollar instrumentos efectivos para hacer frente a las vulneraciones de los derechos de las personas consumidoras: con la potenciación del Sistema Arbitral de Consumo y se propiciará que distintos organismos sectoriales creen entidades específicas para la resolución de conflictos en los diferentes sectores: servicios financieros, transportes, telecomunicaciones, energía, etc.
  • Creación de un Plan de medidas para impulsar un Arbitraje de consumo específico y en el sector financiero y del gran consumo.
  • Impulsar la Educación para el consumo a través del sistema educativo. Concretamente, se impulsará planes de formación escolar en educación financiera, conjuntamente con la participación de las Asociaciones de Consumidores. Se desarrollarán criterios curriculares de la materia “educación financiera para el consumidor”.
  • Representación de los consumidores. Según el artículo 121 del nuevo Estatuto de Autonomía, Canarias tiene competencia exclusiva en materia de consumo de los derechos de los consumidores y usuarios. Por lo que reforzaremos el régimen de las Asociaciones de consumidores, delimitando sus competencias para garantizar la igualdad de todos los consumidores a la hora de establecer pautas comunes de organización y funcionamiento para las asociaciones de consumidores.
  • Procedimientos judiciales que afecten a un colectivo de consumidores dotando de medios extraordinarios a los juzgados en aquellos procedimientos judiciales colectivos que afecten a más de 25 consumidores y que se inicien por las Asociaciones de Consumidores.

PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

El nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 35, sobre Derechos de los animales, y de acuerdo con la Constitución y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, establece que las administraciones públicas canarias velarán por el mantenimiento y la salvaguarda de los animales, además de reconocerlos como seres que sienten y con derecho a no ser utilizados en actividades que conlleven maltrato o crueldad.

Es, por tanto, un deber incluir medidas para la consecución real y cumplimiento de la reciente reforma del Estatuto, que favorezcan no sólo la protección animal, sino su bienestar dentro de la sociedad, haciendo hincapié en la defensa y protección de aquellas especies/razas amenazadas y/o autóctonas.

En este sentido exigiremos al Gobierno del Estado una Ley marco de protección animal que homogenice las distintas leyes autonómicas en base a unos mínimos que garanticen la protección y el bienestar de los animales y evitar así encontrarnos con las diferencias actuales entre comunidades, tan dispares en asuntos como la venta en escaparates o las mutilaciones estéticas, que no garantizan una protección igualitaria. Así como poner fin a la Tauromaquia por considerarla una práctica cruenta.

Nueva Canarias propone crear el Observatorio Autonómico para la Defensa y Protección Animal que, además de considerar a los animales seres sintientes, otorgue y defina los derechos de los animales en el territorio canario.

También proponemos la creación de un teléfono específico dedicado a la protección animal, que posteriormente redirija a cada institución concreta (protectoras, centros de recogida y recuperación, policía local, ayuntamientos).

Planteamos controlar de forma efectiva la importación de mascotas y animales exóticos de forma que no generen problemas a nuestros ecosistemas. Hay que desarrollar campañas de educación cívica sobre la responsabilidad que supone adquirir estos animales. De esta manera se contribuiría a evitar los abandonos provenientes de la compra compulsiva.

Apoyamos asimismo el mantenimiento de la recogida de animales abandonados, la esterilización de los animales y la puesta en adopción de los recogidos, tanto por las administraciones públicas como por las asociaciones protectoras.

Y, por último, pero no menos importante, realizar la reforma de la Ley de Protección Animal Autonómica adaptándola a los tiempos, para luchar con firmeza contra el abandono y hacinamiento de animales en las islas y alejar con ello la normalización del maltrato. Para alcanzar niveles de Bienestar Animal y ser una “nación con progreso moral” por el correcto trato dispensado a nuestros seres sintientes desde el respeto y la dignidad, dotándola de reglamento propio y presupuesto para el correcto desarrollo de la misma.

COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD

Desde todos los ámbitos pretendemos favorecer la Cooperación al Desarrollo y la Solidaridad Internacionaldesarrollando iniciativas que promuevan unas relaciones justas entre los pueblos, denunciando las causas que provocan esta situación, de naturaleza política, económica o financiera, que configuran un sistema injusto al servicio de las grandes potencias y las empresas multinacionales.

Desde Canarias, por su situación geográfica cercana a África y su vinculación a los países latinoamericanos, se impulsarán iniciativas de cooperación humanitaria, de respeto a los Derechos Humanos y de desarrollo de los países empobrecidos. Apoyando iniciativas para que desde las instituciones públicas se dedique el 0,7% de sus recursos a la Solidaridad Internacional y a la Cooperación al Desarrollo.

Apoyamos las justas causas de los pueblos en situación de conflicto y la solución pacífica y respetuosa con la legalidad internacional de los mismos. De manera especial se defenderá:

  • La celebración de un Referéndum de Autodeterminación por el Pueblo Saharaui en unas condiciones que garanticen la transparencia, la democracia y la libertad, respetando los legítimos derechos del Pueblo Saharaui, al igual que el respeto a los Derechos Humanos en los territorios ocupados y la presencia de observadores internacionales en los mismos. Se demandará un mayor protagonismo del Gobierno de España en la resolución de este conflicto, dada su responsabilidad histórica.
  • Nuestra exigencia de reconocimiento de los derechos del pueblo Palestino.
  • Consideramos, asimismo, imprescindible que Europa tenga una política común sobre refugiados, favoreciendo el derecho de asilo; y sobre emigrantes económicos, estableciendo fórmulas que posibiliten cupos de permanencias temporales o definitivas. Así como una política activa de cooperación al desarrollo de los países emisores. La UE debe implicarse, también, en un esfuerzo permanente en la resolución de conflictos bélicos que causan muertes, destrucción, colapso económico, empobrecimiento y, en consecuencia, masivos movimientos poblacionales.

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